Fue en 2011 cuando Óscar y Consuelo adquirieron en Tláhuac, Ciudad de México, el terreno donde se construiría la casa de sus sueños. Hoy, el sueño se convirtió en pesadilla, y la pareja es una de las 13 familias que luchan contra un riesgo de desalojo en el que la laxitud del Registro Público de la Propiedad parecer jugar en su contra, a consciencia.
Se trata de los habitantes de un lote completo, ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, quienes enfrentan una disputa legal con Raúl Antonio Vázquez Mejía, y un amparo es lo único que actualmente los separa de sufrir el mismo destino que tuvieron 11 familias que ya fueron expulsadas de sus viviendas en la misma zona.
La adquisición de Óscar y Consuelo se concretó en 2015, luego de adelantar mensualidades del pago de la vivienda, y durante dicho período no hubo ningún conflicto. Cuando hicieron la compra, una sentencia que dictaba que Francisco Galindo era el propietario de los lotes les daba fe de que todo estaba en regla.
Sin embargo, los problemas llegaron en 2018, cuando varios vecinos de la zona fueron repentinamente desalojados de sus hogares, y pronto descubrirían que Vázquez Mejía, quien afirmaba ser el verdadero propietario de los lotes, comenzó a ejecutar reveses para hacerse los espacios, prometiéndoles que pronto serían los próximos expulsados.
Desconcertados por la situación, indagaron más sobre el estado de los lotes, y aunque descubrieron que, en efecto, los terrenos estaban expropiados y, gracias a una sentencia, Francisco Galindo sí poseía las facultades legales para venderlos, Raúl Antonio Vázquez se estaba haciendo de poderes legales para luchar su pertenencia.
Aunque en un punto buscaron negociar directamente con Vázquez Mejía para terminar con la disputa, él les pedía volver a pagar -por un terreno por el que ya habían pagado- la mitad de su compra original.
En palabras de consuelo, “él quería revender a mitad de precio, pero de contado; y cuando le explicamos que no podíamos disponer de tal cantidad en un solo pago, siguió buscando desalojarnos”.
Esta situación se recrudeció cuando las personas con las que concretaron los trámites de compra dejaron de dar la cara, y las familias quedaron prácticamente a la deriva en el enfrentamiento legal con Vázquez Mejía.
Desde ese momento, su único cobijo desde 2018 ha sido la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT), gracias a la cual han podido emitir amparos que impiden el desalojo de sus hogares.
No obstante, su búsqueda de más elementos para enfrentarse directamente al señor Raúl Antonio ha sido frenada por su imposibilidad de adherirse al Registro Público de la Propiedad, que les ha negado la inscripción por la falta de un documento de 10 páginas que está “convenientemente” perdido.
“Todas las instancias a las que hemos recurrido nos mandan al RPP, pero la licenciada Benita (Hernández Cerón, titular de la dependencia) nos ha puesto muchas trabas”, lamenta Consuelo.
Son estos aspectos los que les hace pensar en que el RPP favorece de algún modo a Vázquez Mejía en la disputa. Sin revelar nombres, Consuelo acusó que un funcionario de la instancia les hizo saber que el tema de las viviendas de Tláhuac está “muy manoseado”, y que es realmente muy improbable que un documento como el que se extravió -y que les daría la protección total para regularizar su propiedad- se haya perdido.
Por ello, las familias claman por dar visibilidad a un caso donde, en cualquier puerta que tocan son remitidos a una instancia que únicamente ha brillado por su laxitud e incluso la falta de archivos que simplemente nadie sabe dónde quedaron, y por qué no hay una huella en la red.
Óscar, Consuelo y el resto de los vecinos del lote afectado en la colonia Miguel Hidalgo, piden a las autoridades atender el caso mientras el último amparo que consiguieron para evitar el desalojo está por expirar.
