La presidenta de la Comisión de Pesca y Acuacultura, Ivideliza Reyes Hernández afirmó que el sector ribereño enfrenta momentos críticos, por lo que consideró necesaria la participación de las dependencias involucradas para sacar adelante las iniciativas que buscan su rescate.
Al encabezar la presentación del libro Pescar con todos, pescar por todos, una visión de los mares, de la pesca y del futuro para México, la legisladora se manifestó porque el texto “llegue a las dependencias que han trabado todas las iniciativas que hemos presentado”.
Ivideliza Reyes señaló que es importante legislar a favor de los pescadores ribereños, ya que “se sienten con menos derechos que los pescadores industriales”.
Explicó que la obra de la organización internacional Oceana, aborda la relevancia de la pesca y acuacultura en distintos momentos de la historia de México, desde el impulso a las cooperativas con el cardenismo, la reserva de especies de alto valor, el auge del camarón silvestre y la consolidación atunera, ante el crecimiento de la acuacultura en el noreste.
La senadora Susana Zatarain García, del PAN, dijo que la supervisión de los mares es una de las grandes deudas, porque “de nada sirve tener áreas naturales protegidas si no tenemos vigilancia y el gobierno no tiene presupuesto para vigilar nuestras costas”.
Por su parte, la senadora Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, de Morena, consideró necesario contar con medidas para fortalecer el modelo de cooperativas en las comunidades ribereñas del Golfo de California, de Yucatán y de Guerrero, en lugar de privilegiar solo a las grandes capitales.
Mariana Reyna Fabián, coordinadora de Ciencia de Oceana, informó que más de dos millones de personas se dedican al oficio, de ellas, el 93.5 por ciento forma parte de la actividad ribereña, en comparación con la industrial, que representa el porcentaje restante.
Añadió que el 23 por ciento de todas las pesquerías en México, entre las que se encuentran el camarón y la langosta del Golfo de México, así como el mero de Yucatán, están en deterioro y corren el riesgo de perderse de no actuar ahora. “Es necesario actualizar el marco jurídico para cambiar la situación”, indicó.
Nancy Gocher Padilla, directora de Política Pública e Incidencia en Oceana, apuntó que al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio en 1994, el cooperativismo de la pesca ribereña se vio afectado y desde entonces la legislación no se ha adecuado a los retos derivados de la contaminación de los mares, los ríos y los esteros, así como a la deforestación de manglares.
Además, advirtió que no existen políticas públicas que ayuden a equilibrar el manejo del recurso pesquero, cuánto se pesca y el cuidado de los ecosistemas. “Actuar a favor de la pesca es garantizar la soberanía alimentaria, tener especies abundantes, fuente de trabajo para miles de familias y prosperidad para todas y todos”.
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