Por Jorge Ramón Rizzo*
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha venido consolidado una transformación estructural profunda en el país, marcada por una intensa agenda de reformas constitucionales y legales.
Mediante un uso estratégico de su mayoría legislativa, el gobierno ha logrado cristalizar modificaciones de gran calado que van desde la histórica elección popular de jueces y magistrados, hasta la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
A toda costa ha buscado la consolidación de Pemex y la CFE como empresas públicas estratégicas, aunque las calificadoras le han jugado en contra de sus intenciones; y la desaparición de diversos órganos autónomos han sido otro factor que refleja saldo en contra. Pero todo esto también, termina por delinear un nuevo modelo institucional.
Este ritmo incesante de cambios apunta a la reconfiguración del andamiaje jurídico y operativo del Estado. En el corazón de esta intensa actividad reformista destaca la reciente reestructuración del Poder Judicial; llamada por algunos «La Reforma» de la Reforma.
Lejos de tratarse de una medida aislada, esta modificación se sumó a una ola de cambios orgánicos que incluye la elevación a rango constitucional de programas de bienestar social, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento pleno de la igualdad sustantiva de las mujeres.
Asimismo, con iniciativas enfocadas en el plano laboral, como el progresivo ajuste a una semana de cuarenta horas y estrictas directrices de austeridad republicana, la ejecutiva federal busca imprimir un sello de mayor rectoría estatal.
Para la administración en curso, este activismo diario no es un mero trámite parlamentario, sino el corazón del proyecto político de lo que llaman «transformación». Desde la perspectiva oficial, estas adecuaciones son indispensables para erradicar vicios del pasado, frenar la corrupción y asegurar que las instituciones respondan a las demandas populares.
El argumento central es que la arquitectura legal heredada de administraciones anteriores, el bloque denominado «neoliberal», resultaba incompatible con los objetivos de justicia social y soberanía nacional delineados para esta etapa de la autodenominada Cuarta Transformación.
Sin embargo, esta vertiginosa reingeniería institucional genera una fuerte polarización en la esfera pública. Voces opositoras y diversos sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación por lo que consideran una concentración excesiva de poder, el debilitamiento de los contrapesos democráticos y la vulneración de la autonomía de los antiguos organismos reguladores.
Para los críticos, legislar reformas estructurales de forma tan acelerada, y con una visión centralizadora, corre el riesgo de politizar áreas técnicas del gobierno e inclusive podría comprometer el cumplimiento de tratados internacionales, de los que México forma parte.
En conclusión, la agenda de la presidenta Sheinbaum representa «un antes y un después» en la historia contemporánea de México. Al modificar decenas de artículos fundamentales y crear nuevas leyes secundarias, su gobierno no solo consolida un nuevo paradigma de gobernanza, sino que establece un escenario de permanente debate nacional.
La viabilidad, eficacia y legitimidad de este rediseño institucional dependerán en gran medida de su instrumentación práctica y de la capacidad del Estado para mantener la estabilidad política y económica en un entorno de profundos cambios estructurales.
Mientras todo eso y más se cocina, Claudia Sheinbaum llamó a movilizarse el domingo en defensa de la 4T tras las acusaciones de Estados Unidos contra políticos morenistas. La presidenta afirmó que hay sectores en la unión americana que buscan influir en México y “tener un gobierno a modo”, lo que también revela por qué se propone la reforma anti-injerencista que anularía elecciones. «El show» anunciado desde Palacio será simultáneo en todo el país y se realizará mientras crece la presión por los señalamientos contra funcionarios ligados a Morena, pero también sucederá mientras la mayor parte de los cambios legales suceden en el país.
*Periodista/Tlaxcala
