Por Jorge Ramón Rizzo*
Quintana Roo no solo es la joya turística de México; históricamente ha sido también el laboratorio perfecto para la experimentación criminal global. La Riviera Maya vio nacer, crecer y consolidarse a la banda de Florian Tudor, el «Tiburón», una organización delictiva originaria de Rumania que clonó miles de tarjetas bancarias, desvalijó cajeros automáticos y tejió una red de lavado de dinero de dimensiones internacionales. Lo verdaderamente alarmante no es la sofisticación delictiva extranjera, sino la absoluta docilidad con la que el sistema institucional mexicano y sus actores políticos, se doblaron ante el dinero de la mafia.
Hoy, la sombra de esa estructura criminal vuelve a proyectarse con fuerza sobre el tablero político del estado. El caso de Alejandro Enrique Arcos Romero se encuentra en el centro del debate político tras revelarse una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que documenta cómo manejó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y su actual rol como operador y acompañante de Rafael Marín Mollinedo, quien busca la candidatura de Morena para la gubernatura de Quintana Roo. El escándalo ha escalado con la revelación de redes de negocios corporativos y la postura de deslinde por parte de la dirigencia del partido…. Pero vamos por partes.
Las autoridades de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México identificaron a Arcos Romero como una pieza clave en la arquitectura financiera de la banda de Florian Tudor, dedicada a la clonación masiva de tarjetas bancarias en la Riviera Maya, lo que generó que en febrero de 2021, la UIF bloqueara sus cuentas bancarias como parte de la «Operación Caribe».
La UIF detectó que Arcos participó en la creación de al menos 14 empresas fachada utilizadas para lavar dinero mediante la compra de inmuebles, joyas y autos de lujo, con vinculación directa a la Mafia Rumana que opera en México, Estados Unidos y otros países del continente.
Documentos oficiales confirman que Arcos Romero trabajó formalmente en la oficina de la dirección de la ANAM entre diciembre de 2022 y junio de 2023, desempeñándose como secretario particular de Rafael Marín Mollinedo. Incluso fungió como testigo en el acta de entrega-recepción cuando Horacio Duarte dejó la titularidad de las aduanas para entregarle a Mollinedo. Antes estuvieron en ese importante cargo Ricardo Ahued, hoy integrante del gabinete de Rocío Nahle en Veracruz y, Ricardo Peralta, hoy bajo el cobijo político de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar.
Pero regresando al Caso de la Mafia Rumana, debo decir que a pesar de sus antecedentes, Arcos Romero ha sido captado en múltiples fotografías y videos formando parte del círculo más cercano de Marín Mollinedo en sus eventos públicos de promoción política en Quintana Roo. Incluso, tramitó ante el IMPI el registro de la marca «Rafa Marín» actuando como su representante legal.
A lo largo de 2023 y hasta mediados de 2026, Arcos Romero promovió diversas demandas de amparo, conocidas en el ámbito legal como «amparos rastreadores», para verificar si la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía alguna orden de captura en su contra. Todos estos amparos han sido sobreseídos debido a que las autoridades judiciales y la propia FGR respondieron formalmente negando la existencia de órdenes de aprehensión vigentes en su contra, por lo cual permanece en libertad.
En otra entrega periodística de MCCI difundida en Grupo Fórmula, se reveló que en 2024 Arcos Romero constituyó dos empresas en Texas: «Quiéreme Mucho Spirits» y «Fantastic Five Builders LLC», en sociedad con Araceli Hernández Perea, quien fuera la directora de Recursos Materiales de la ANAM justamente bajo las gestiones de Marín Mollinedo y Horacio Duarte.
Aunque Hernández Perea aceptó la creación de una de las sociedades para vender mezcal, negó mantener vínculos con él, coincidiendo este tema con la reciente adquisición de una residencia de lujo en San Antonio, Texas, valorada en varios millones de dólares.
Ante las críticas y la inclusión de Marín Mollinedo en la plataforma ciudadana «Narcopolíticos», la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, aclaró públicamente este martes 11 de agosto ante medios como «Reforma» que Alejandro Arcos no es militante del partido.
Montiel enfatizó que Morena no protege a nadie y urgió a las fiscalías correspondientes a realizar las investigaciones necesarias para determinar si existe la comisión de un delito por parte de particulares ajenos a la estructura institucional del movimiento. Mientras tanto, sectores internos defienden la trayectoria del aspirante de cara a los procesos internos.
Que vinculen ahora a un personaje cercano al principal aspirante de Morena en Quintana Roo, no es un caso aislado. Ya que son multicitados los casos de Baja California, Tamaulipas, Tabasco, Michoacán, Sonora y ni qué decir de Sinaloa. En cada estado hay una y mil historias de vínculos entre la clase política y los cárteles mexicanos. Hoy Morena y su dirigente nacional Ariadna Montiel tienen la oportunidad histórica de limpiar la imágen del partido, ojalá se haga lo correcto.
*Periodista/Tlaxcala
