Por Felipe Vega, fundador y director general de CECANI Latam, empresa de capacitación para figuras no lucrativas y cooperativas.
Mientras Adidas enfrenta críticas por presunta apropiación cultural de huaraches de Oaxaca, en la sociedad prevalece un sentido de indefensión y falta de políticas públicas para evitar estos plagios.
El caso de los huaraches “Oaxaca Slip-On” de Adidas, inspirados sin consentimiento en el diseño tradicional de Villa Hidalgo Yalálag, encendió una alerta urgente sobre la apropiación cultural en México. Más allá de las disculpas y el retiro del producto, lo que se necesita son políticas públicas contundentes que protejan el patrimonio cultural como un bien colectivo, no como una fuente de inspiración libre para el mercado global.
Las políticas públicas para prevenir la apropiación cultural indebida incluyen:
1.Reconocimiento legal del patrimonio colectivo. Implica reformar la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Patrimonio Cultural para incluir figuras jurídicas que reconozcan la propiedad intelectual colectiva de comunidades indígenas. Requiere establecer registros oficiales de diseños, textiles, técnicas y símbolos tradicionales, con custodia comunitaria.
- Consentimiento previo, libre e informado. Es obligar a empresas a obtener autorización formal de las comunidades antes de usar elementos culturales en productos comerciales. Debe incluir cláusulas de beneficio compartido en contratos, garantizar regalías, visibilidad y participación creativa.
- Mecanismos de reparación y restitución. Se trata de crear un fondo nacional para la reparación simbólica y económica en casos de apropiación indebida. Conviene establecer protocolos de disculpa pública, retiro de productos y compensación directa a las comunidades afectadas.
- Observatorio nacional de apropiación cultural. Instituir un organismo interinstitucional que vigile, documente y actúe ante casos de plagio cultural. Requiere publicar informes anuales y recomendaciones para empresas, diseñadores y medios.
- Educación y sensibilización. Es incluir en los planes educativos contenidos sobre patrimonio cultural, derechos colectivos y ética del diseño. Es promover campañas públicas que visibilicen el valor de las culturas originarias como creadoras, no como “inspiración”.
Urge redefinir las reglas del juego entre creatividad, comercio y justicia.
En el derecho cultural, las organizaciones de gestión colectiva y el trabajo del Tercer Sector no son meros actores complementarios: son estructuras vivas de defensa, mediación y creación de sentido. En contextos como el mexicano, donde el Estado muchas veces llega tarde o con marcos normativos insuficientes, estas organizaciones se convierten en guardianes del patrimonio, traductores de derechos y arquitectos de justicia cultural.
Estas organizaciones no solo gestionan derechos: curan heridas, narran memorias y diseñan futuros posibles.
