Para la recién conformada Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil por los Derechos Humanos Laborales, es necesario que, en julio del próximo año, el país se enfoque en acciones concretas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ante lo cual presentó un diagnóstico integral que analiza los avances y obstáculos en la implementación del Capítulo 23 de dicho pacto tripartita.
Dicho documento elaborado por esta coalición, integrada por más de 20 colectivos, sindicatos, redes y personas expertas, se muestra como un esfuerzo coordinado para incidir, con propuestas técnicas basadas en evidencia, en un proceso que definirá el futuro de los derechos laborales en la región.
“No basta con que el T-MEC exista; debe garantizar que ningún modelo económico funcione a costa de la precarización del trabajo. Este diagnóstico demuestra que tenemos evidencia, propuestas y voluntad colectiva para impulsar cambios profundos”, expresó Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de la ONG ProDESC.
“Este diagnóstico no se trata sólo de análisis: ofrece propuestas técnicas, viables y urgentes. Más que un permiso para participar, con este diagnóstico estamos proponiendo ideas sobre qué otros elementos se deben considerar cuando se negocia el futuro laboral del país, no solo la perspectiva gubernamental o empresarial”, afirmó Eduardo Villarreal, coordinador de Análisis e Incidencia de ProDESC.
Durante la presentación realizada a inicios de abril, representantes del sector público, sindical y de organizaciones internacionales coincidieron en la urgencia de una revisión con participación amplia y enfoque en derechos humanos.
VOZ DEL SECTOR SOCIAL
Fue así como, Alejandro Navarro, en representación de la senadora morenista Karina Isabel Ruiz, hizo un llamado «a todos los actores involucrados a seguir apoyando la implementación eficaz del T-MEC. La voz del sector social es crucial en este proceso, y juntos podemos dar forma a un futuro donde los derechos laborales sean una realidad para todos».
Mientras Maricelia Rodríguez, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México señaló que “si bien la libertad de asociación y negociación colectiva ha sido clave, debemos ampliarlo a los derechos fundamentales del trabajo que marca la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los sindicatos que activamos el mecanismo, necesitamos que la respuesta gubernamental sea más ágil en el tiempo de respuesta, es decir, garantizar protección y seguimiento de los casos”.
En tanto, Carlos Brown, director de programas en Oxfam México, afirmó que “a diferencia de lo ocurrido en negociaciones previas, la revisión del T-MEC en 2026 ofrece una oportunidad única para promover la participación de la sociedad y el abordaje de medidas y previsiones en el tratado desde un enfoque de derechos y desigualdades, sobre todo laborales”.
DATOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO
En 2023, México recibió el 91.5 por ciento de las visas H-2A y 64.5 por ciento de las H-2B, emitidas por Estados Unidos y utilizadas para trabajo temporal. Sin embargo, miles de personas migrantes continúan enfrentando fraudes, condiciones precarias y falta de protección legal.
La industria automotriz concentra más del 50 por ciento de las quejas por violaciones a la libertad sindical. El diagnóstico de la coalición identifica también prácticas de represión sindical en los sectores siderúrgico y minero.
México cuenta con sólo 1.1 inspectores laborales por cada 100 mil personas ocupadas, según datos oficiales recientes. Esto limita el alcance de las reformas en la justicia laboral y aunque el 90 por ciento de las empresas dicen contar con protocolos contra violencia de género, sólo 35 por ciento de las trabajadoras los considera efectivos.
PROPUESTAS DESTACADAS
Para hacer frente a esta coyuntura, la coalición pide incluir el sistema de visas H-2 en el Capítulo 23 del T-MEC, garantizando derechos plenos a las personas trabajadoras migrantes.
Establecer un registro oficial de reclutadores regulado por autoridades mexicanas y estadounidenses.
Fortalecer la inspección laboral y el Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR), con transparencia, seguimiento público y protección para denunciantes.
Crear una base de datos pública de quejas y resoluciones, como parte de una agenda de rendición de cuentas regional.
