Desde Palacio Nacional, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia de la República, defendió que la Ley de Amparo enviada al Senado no debilita esta figura, por el contrario, resaltó que busca modernizar el sistema judicial, acelerar los procesos y garantizar que este derecho constitucional deje de ser utilizado para dilatar decisiones fiscales, administrativas o penales.
Durante la conferencia matutina, Godoy Ramos expuso los cambios que se analizan actualmente en el Senado, los cuales contemplan:
Digitalización total del juicio de amparo
Promociones y notificaciones electrónicas, obligaciones de las autoridades de adecuar sistemas digitales y perfiles digitales.
Cumplimiento de sentencias más claro
Las personas juzgadoras deberán especificar con claridad quién debe cumplir cada parte de una sentencia y qué debe hacer. Esta medida busca eliminar ambigüedades que retrasan la ejecución de las decisiones judiciales.
Restricciones a las suspensiones provisionales
La suspensión del acto reclamado, medida cautelar que detiene temporalmente actos de autoridad, deberá evaluarse con mayor cuidado, especialmente cuando esté en riesgo el sistema financiero o haya órdenes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Congelamiento de cuentas con salvaguardias
En casos de congelamiento de cuentas, la propuesta obliga al juez a dejar disponibles los recursos necesarios para obligaciones laborales, fiscales y alimentarias, así como para la subsistencia de las personas físicas afectadas.
Sobre estas modificaciones, la consejera aseguró que “ampararse para defender derechos es justicia, ampararse para ocultar delitos es impunidad”.
Críticas a la ley
A pesar de los argumentos del Ejecutivo, la propuesta ha generado inquietudes entre organizaciones de la sociedad civil, algunos expertos legales y la oposición, quienes advierten que ciertas disposiciones podrían reducir garantías y poner en riesgo el derecho de defensa.
Entre ellas llama la atención que la limitación de las suspensiones provisionales en casos de congelamiento bancario puede dejar a personas sin protección judicial inmediata.
