La defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, refutó la evidencia que desean incluir los fiscales federales de Estados Unidos sobre supuestos intentos de para “silenciar” a periodistas como para intimidar o manipular a testigos en su contra.
De acuerdo con una carta en respuesta a la fiscalía y registrada ante el tribunal federal en Nueva York, el abogado César de Castro, afirma que la evidencia de que García Luna intentó silenciar a reporteros cuando era funcionario, presuntamente proviene de una periodista en México que alega que fue amenazada por el acusado.
El litigante asegura que los fiscales no identifican a la supuesta afectada, “pero creemos que es una periodista que ha atacado al señor García Luna durante décadas con alegaciones sin fundamento presentadas como periodismo”, señaló.
Indicó, a su vez, que es la misma periodista que ahora está haciendo afirmaciones parecidas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Ante ello, De Castro afirma que la defensa buscará demostrar “la falta de confiabilidad” de esta evidencia y su fuente.
Sobre la solicitud de los fiscales para presentar evidencia que suponen que establece que García Luna, después de su encarcelamiento conspiró con un informante de los fiscales dentro de la prisión para manipular a testigos, De Castro señaló que esa evidencia consiste de más de 500 horas de grabaciones que en su mayoría “no son inteligibles” ni se alcanzan a escuchar claramente.
Asimismo, precisó que en gran medida son declaraciones del informante y no del acusado.
En la carta enviada al juez Brian Cogan, encargado del caso en el Tribunal Federal del Distrito Este en Nueva York y registrada el fin de semana, De Castro solicita una extensión de dos semanas para evaluar la evidencia y presentar la respuesta de la defensa a la solicitud de los fiscales.
García Luna enfrenta cargos de que entre 2001 y 2012, cuando ocupaba primero la dirección de la Agencia Federal de Investigaciones, y de 2006 a 2012, como secretario de Seguridad Pública, usó sus puestos oficiales para asistir al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos de decenas de millones de dólares.
