- Presunto desfalco de 417 millones en Cuautitlán llega a Palacio Nacional; UIF podría intervenir para rastrear destino de recursos públicos.
(Agencias).- El presunto quebranto por más de 417 millones de pesos detectado en la administración del exalcalde de Cuautitlán, Aldo Ledezma, escaló este viernes hasta Palacio Nacional. Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intervenga en casos de este tipo cuando existan elementos que acrediten un desfalco de recursos públicos, colocando el expediente bajo un reflector nacional.
Las auditorías realizadas por el gobierno municipal encabezado por Juanita Carrillo Luna revelaron observaciones por más de 417 millones de pesos. De ese monto, 147 millones corresponden a auditorías internas en áreas como obra pública, adquisiciones y manejo financiero, mientras que otros 270 millones fueron señalados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
La actual administración inició 42 procedimientos administrativos, dos investigaciones por presuntas faltas graves y presentó 12 denuncias penales contra diversos exfuncionarios, entre ellos integrantes del gobierno de Ledezma. La declaración de Sheinbaum agrega una nueva dimensión al caso: además de las responsabilidades administrativas y penales que ya siguen las autoridades estatales, abre la puerta a que también pueda revisarse la ruta financiera de los recursos observados.
La eventual participación de la UIF representaría un paso adicional para determinar si existieron operaciones encaminadas a ocultar, transferir o desviar dinero público. El expediente de Cuautitlán ha dejado de ser únicamente un asunto municipal y ahora se convierte en una prueba para las instituciones encargadas de la fiscalización, la procuración de justicia y, eventualmente, para las instancias de inteligencia financiera.
La expectativa ciudadana es clara: que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias y que, si se confirma un daño al patrimonio público, los responsables enfrenten sanciones ejemplares y los recursos puedan recuperarse. El caso Cuautitlán ya no se limita a un municipio mexiquense: se ha convertido en un tema de interés nacional que pone a prueba la capacidad del Estado para combatir la corrupción.
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