A una década de que se reconociera en la Constitución Política Mexicana el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, aún no se ha logrado expedir la Ley General de Aguas, por lo que es necesario la creación de una comisión especial para concluir con este proceso legislativo, aseguró la bancada del Partido Verde en el Senado.
Mediante un Punto de Acuerdo, los legisladores ecologistas solicitaron a la Junta de Coordinación Política conformar una Comisión Especial para la expedición de la Ley General de Aguas.
Explicaron que la naturaleza de esta comisión es para dar continuidad al análisis y la discusión en el Congreso de la Unión de las acciones que se requieren para garantizar este derecho. Asimismo, realizar mesas de trabajo presenciales y remotas que permitan la participación de todos los sectores y con representantes de las 32 entidades federativas involucrados en el desarrollo de esta ley.
Se busca, especificaron, coadyuvar con la Cámara de Diputados para trabajar en la elaboración, análisis y consenso en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación, para que se etiqueten recursos suficientes que garanticen el derecho humano al agua, así como dar seguimiento, resolver las solicitudes y consultas que sometan a esta Comisión, las Comisiones y Grupos Parlamentarios, así como las asociaciones y demás organismos relacionados con el derecho al agua.
Plantearon que dicha comisión se integre por representantes de las Comisiones de Recursos Hidráulicos; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, y de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República.
Comentaron que desde septiembre de 2012 a la fecha se han presentado 14 iniciativas para expedir una Ley General de Agua y en enero de 2022, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio, al no haber emitido la Ley General de Aguas, a que se refiere el artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución.
Advirtieron que el plazo dado por la SCJN vence al término de la LXV Legislatura para ambas cámaras del Congreso. Por lo que es trascendental actuar de forma inmediata, analizando la pertinencia de los trabajos realizados en las legislaturas anteriores.
“No debemos dejar pasar más tiempo para que este Senado de la República comience el análisis de una Ley General de Agua, es imprescindible el trabajo conjunto entre ambas cámaras, pero debemos retomar nuestra responsabilidad y lograr los acuerdos necesarios para que esta Legislatura expida la Ley que garantice el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, concluyeron.
