La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que preside la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), presentó el Atlas de Trabajo Infantil, en coordinación con la asociación Save the Children, el cual tiene como objetivo localizar los factores de esta problemática y servir como fundamento para la creación de leyes y el diseño de políticas públicas a favor de la infancia.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio, la legisladora expuso que este Atlas señala que el trabajo infantil se origina por diversos factores, realidades y contextos, los cuales están vinculados a la inseguridad y a la falta de oportunidades, así como a la migración.
Apuntó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el año 2019 se registraron 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo infantil, quienes en su mayoría comienzan a laborar entre los seis y ochos años.
De este total, indicó Herrera Anzaldo, el 26 por ciento no recibe percepción económica alguna y 95 por ciento de los adolescentes trabajan en el sector informal, mientras que más del 56 por ciento de las niñas y niños lo hacen con un familiar o desempeñando ocupaciones no permitidas y peligrosas.
Detalló que la mayor concentración del trabajo infantil se realiza en los sectores agropecuario, de servicios y comercio, y las entidades con mayor prevalencia son Chiapas, Oaxaca y Michoacán.
Por su parte, la diputada García Segura Marisol (Morena) afirmó que para erradicar el trabajo infantil se debe apostar por una reforma social y dotar de oportunidades a las personas que les permitan abatir todas las condiciones de rezago social.
Sugirió adoptar a nivel federal el programa implementado en la Ciudad de México “Mi beca para empezar”, que es un apoyo a la economía familiar que reciben las y los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico, y que coadyuva a frenar el trabajo infantil y las condiciones de vulnerabilidad.
A su vez, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, diputada del PAN, afirmó que el trabajo infantil viene acompañado de muchos delitos e ilegalidad, por eso el 95 por ciento de los niños y niñas que trabaja en el país lo hace de manera informal. Consideró que, si se resuelve este problema, se logrará que este sector haga lo que corresponde: estudiar, aprender, jugar, divertirse y recibir amor.
En tanto, la diputada Olga Zulema Adams Pereyra (MC) consideró que, como legisladoras y legisladores, se tiene la obligación de garantizar que ninguna niña, niño y adolescente tenga que dejar la escuela por la necesidad de trabajar; de ahí que se deben fomentar políticas públicas para que la infancia llegue segura a las escuelas, pues la educación es lo único que nos puede ayudar a cambiar a México, por lo que es fundamental realizar todos los esfuerzos para que la educación sea gratuita, universal y de calidad.
Omar Nacib Estefan Fuentes, director General de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social /STPS), dijo que esta publicación es importante porque expone la realidad del trabajo infantil en México. “Se requiere de la participación de todos los miembros de la sociedad para poder erradicar este mal, porque en México tenemos una tasa de 7.1 por ciento de menores en ocupaciones no permitidas”.
Mónica Valdez González, del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que en el Siglo XIX no se reconocía el trabajo infantil como hoy, ya que era normal que a los 15 años hubiera embarazos y matrimonios, así como inserciones a los mercados laborales. Destacó la importancia de definir a qué se le va a llamar trabajo infantil, “a lavar los platos todas las tardes en la casa, a cuidar a mis hermanas y hermanos, a mis abuelos. O como lo marca la ley, tenemos actividades riesgosas y peligrosas para la salud”.
Presentación del Atlas
Nancy Ramírez Hernández, directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children, explicó que este Atlas se presenta en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. “Agradezco a las diputadas por estar dispuestas a que se generen insumos para avanzar en la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Comentó que el estudio se hizo con la finalidad de llamar la atención y sensibilizar a la sociedad acerca de los diversos factores contextuales que representan riesgos para que las niñas y niños trabajen.
Asimismo, en aportar orientaciones para políticas públicas, estrategias y acciones que ayuden a modificar esas situaciones y condiciones inadecuadas en las que siguen creciendo millones de niñas, niños y adolescentes, así como los factores que los orillan a incorporarse prematuramente a las filas del trabajo.
Invitó a las y los legisladores a que conozcan, exploren y analicen este Atlas con una mirada enfocada en lograr acciones y soluciones integrales al trabajo infantil, tener en cuenta siempre los contextos de cada uno de los estados con medidas acordes a las realidades que viven las niñas y niños en la diversidad y heterogeneidad de nuestro país.
Recomendaciones
Miguel Ramírez Sandi, coordinador de Incidencia Política en Protección a la Niñez de Save the Children, llamó al Poder Legislativo a incluir los conceptos de trabajo infantil y actividades formativas en el marco jurídico, legislar en materia de inspección laboral en el sector informal e incluir la obligación expresa de dar de alta a las y los adolescentes trabajadores, en edad permitida, en la seguridad social. “Necesitamos atención de los niveles federal, estatal y municipal, sólo así se podrá eliminar el trabajo infantil”.
Recomendó fortalecer las inspecciones laborales enfocadas en la detección y canalización de casos que necesiten apoyo y atención de las procuradurías de protección a la infancia, promover campañas de difusión sobre los mecanismos de denuncia pública, garantizar la creación de trabajos dignos e implementar planes educativos que brinden primeras experiencias laborales.
También es importante, agregó, fortalecer los componentes de alimentación y horario extendido en los centros educativos, avanzar hacia la consolidación de un sistema nacional de cuidados, invertir en educación y capacitación continua para personas adultas de hogares con bajos niveles de escolaridad.
Finalmente, garantizar que las secretarías ejecutivas estatales y municipales del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) cuenten con recursos financieros, humanos y técnicos necesarios, así como fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional entre procuradurías y las áreas de inspección laboral.
