El Gobierno de Coahuila, liderado por Miguel Ángel Riquelme Solís, dejó de ejercer más de 38 millones de pesos destinados a acciones de búsqueda de personas desaparecidas y que tuvieron que ser devueltos a las arcas de la hacienda federal, revelaron registros de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
De acuerdo con una investigación de Reporte Índigo, estos fondos, parte del “Subsidio Federal para Realizar Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, por el equivalente de 38 millones 496 mil 332,015 pesos que fueron omitidos en el periodo de 2019-2022.
Según la información obtenida vía transparencia por el medio, Coahuila recibió un total de 218 millones de pesos como subsidio federal, pero omitió ejercer el 17.58 por ciento de dichos recursos.
Durante la administración de Riquelme Solís, se ha evidenciado un subaprovechamiento significativo de los fondos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas en el estado.
En el año 2020, se devolvieron al Gobierno federal un total de 15 millones 481 mil 363.19 pesos, lo que representa un desperdicio del 37.43% de los fondos recibidos.
Las devoluciones continuaron en los años 2021 y 2022, con 8 millones 647 mil pesos y 8 millones 789 mil pesos respectivamente. Incluso en el año 2019, se devolvieron 5 millones 577 mil pesos que podrían haber sido invertidos en la búsqueda de personas desaparecidas.
El subaprovechamiento de estos recursos ha implicado que la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila no haya podido fortalecer sus recursos materiales y humanos, limitando así la implementación de acciones de búsqueda más amplias y efectivas en la entidad.
Diana Iris García, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), denunció durante el Observatorio Internacional de Derechos Humanos en septiembre de 2022 los rezagos en la búsqueda de desaparecidos en Coahuila.
García señaló la falta de voluntad política reflejada en la falta de presupuesto y en la falta de combate a la corrupción y la impunidad. Asimismo, mencionó la premiación de funcionarios que han incurrido en faltas al debido proceso y la falta de investigaciones abiertas o remoción de sus cargos.
