El gran reto de la nueva Ley General de Movilidad es cómo lograr su aplicación en los municipios y estados del país, es decir, cómo entretejerla con las leyes, normas y reglamentos locales, tomando en cuenta que las necesidades de cada zona son distintas, señaló Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Nacional de Transporte y Movilidad (AMTM), durante su participación en el Foro Ciudadano 2022, que organizó la asociación Yo soy San Miguel de Allende.
Es preciso tomar en cuenta que las necesidades del norte son distintas a las del sur, y las del centro a las de las costas, por lo que se debe llevar a cabo una armonización de este instrumento legislativo para su plena aplicación en beneficio de los ciudadanos, agregó el presidente de la AMTM durante el desarrollo de este foro, donde tres especialistas analizaron la problemática que implica la implementación de la Ley General de Movilidad a nivel local.
En primer lugar, dijo, hay que tomar en cuenta que sólo tres o cuatro municipios de los 2 mil 470 que existen en el país tienen incidencia en la planeación o regulación del transporte público, en un contexto donde el 70 por ciento de las unidades que circulan en el territorio nacional se rigen bajo el esquema del hombre-camión, además de considerar que la pandemia de Covid-19 se convirtió en una crisis financiera para todo el transporte, por lo que temas como la renovación de la flota y el cambio del modelo de negocio hacia empresas de transporte, se ha parado.
Por otro lado, dijo, debemos tomar en cuenta que a partir de la publicación de esta ley, las autoridades tienen seis meses para empezar a trabajar en su implementación a nivel nacional, y hay muchos estados con rezago.
En consecuencia, sostuvo que las características de cada entidad son importantes, por lo que se trata de un trabajo que no debe hacerse nada más con las autoridades y los operadores, sino con la participación de la sociedad civil, las academias, constructores, armadoras y empresas del sector; “no es un trabajo solitario, es colaborativo, para impulsar esta ley en beneficio de los usuarios”
En su oportunidad, Saira Vilchis, experta en Desarrollo Urbano y Movilidad del Centro Mario Molina, habló de que en 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS), reportó que los hechos de tránsito en 178 países, provocan 1.2 millones de personas fallecidas, de los cuales el 50 por ciento son jóvenes de entre 15 y 44 años, edad económicamente activa, por lo que esta situación afecta la economía mundial.
Indicó que en el decenio 2009-2019, la OMS proclamó diversas acciones para reducir hechos de tránsito, que se han renovado en el actual decenio, pero lo importante, remarcó, es “bajar esas acciones a los municipios”.
En ese sentido, consideró que una de las grandes necesidades para la aplicación de la Ley General de Movilidad es, por ejemplo, homologar y estandarizar los criterios para recabar la información en el momento en que sucede hecho de tránsito.
En la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, por ejemplo, dijo, la información está recabada de manera terrible. Quienes recaban la información no están capacitados para levantar una ficha, una cédula o hacer una estadística que permita hacer un análisis: las aseguradoras tienen una cifra, el Servicio Médico Forense otra, y así, las cifras de muertes no son creíbles, un deceso se cuantifica cuando ocurre en el sitio, pero si fallece cuando llega a un hospital, ya no se contabiliza.
En ese sentido, coincidió con Nicolás Rosales en que el gran reto es armonizar las leyes, normas y reglamentos para alcanzar un instrumento eficaz para la ciudadanía.
Finalmente, Adolfo Cervantes, ex director de tránsito en San Miguel de Allende, ejemplificó que en el libramiento Manuel Zavala, de ese municipio guanajuatense, es donde ocurren el mayor número de accidentes, por factores como mal trazo, exceso de velocidad y manejar en estado de ebriedad, pero se tratra de un tramo federal, donde no hay clara definición sobre quien tiene la autoridad sobre este espacio, lo cual ilustra algunas de las cosas que deben ser analizadas para la aplicación de la legislación sobre movilidad.
