- Gobierno de Américo Villarreal reportó observaciones preliminares por alrededor de tres millones de pesos sobre más de 20 mil millones de pesos en la revisión de la Cuenta Pública 2025.
- Frente a los más de mil millones de pesos que se observaban en ejercicios de la administración anterior, los montos observados han disminuido de 14 millones de pesos en 2023 a 10.8 millones en 2024 y tres millones en 2025, revela Secretaría Anticorrupción.
Redacción
CIUDAD VICTORIA, TAMPS. – El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, registra una reducción sostenida en los montos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como parte de las revisiones a la aplicación de recursos públicos, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado.
De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la dependencia, en la segunda entrega de informes de auditoría de la Cuenta Pública 2025 se prevén observaciones por alrededor de tres millones de pesos, equivalentes aproximadamente al 0.01 por ciento de los recursos federales revisados, estimados en 20 mil millones de pesos.
Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, destacó que estos resultados reflejan una disminución significativa de las observaciones realizadas al ejercicio de recursos públicos federales, particularmente en comparación con las cuentas públicas de la administración estatal anterior, en las que, aseguró, se registraban montos observados superiores a mil millones de pesos.
“Es un resultado muy bueno, es prácticamente el 0.01% de monto observado al gobierno del Estado en todas las auditorías que se nos están haciendo en la segunda entrega”, expresó.
La funcionaria explicó que la reducción de los montos observados se ha mantenido durante los ejercicios fiscales correspondientes a la actual administración.
Precisó que la Cuenta Pública 2023 registró observaciones por 14 millones de pesos, mientras que en 2024 la cifra disminuyó a 10 millones 800 mil pesos. Para la revisión de 2025, el monto reportado hasta esta segunda etapa es de aproximadamente tres millones de pesos.
La diferencia entre los montos de 2023 y los reportados hasta ahora para 2025 representa una reducción cercana al 79 por ciento, aunque la revisión del ejercicio más reciente todavía no concluye y lo observado entrará en periodo de solventación.
“Eso es un excelente, un excelente resultado. Y te digo, comparado con las cuentas públicas de la administración pasada, que eran observadas por arriba de los mil millones de pesos”, señaló en entrevista.
La secretaria Pedraza Melo explicó que las observaciones identificadas en esta etapa se concentran en recursos vinculados con el sector educativo. Recordó que los resultados podrán consultarse públicamente una vez que la ASF presente los informes correspondientes ante la Cámara de Diputados.
Respecto al procedimiento de fiscalización, detalló que las cuentas públicas se revisan durante el año siguiente al ejercicio de los recursos. La primera entrega de informes se realiza en junio, la segunda en octubre y la tercera, con la que concluye el proceso de revisión, en febrero del año posterior.
En consecuencia, la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 concluirá en febrero de 2027, cuando se conozcan los resultados definitivos de las auditorías.
La funcionaria también informó sobre las acciones de investigación y sanción administrativa desarrolladas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Señaló que se han presentado 47 denuncias ante las fiscalías locales y que alrededor del 90 por ciento de los asuntos turnados a las instancias competentes corresponden a hechos de la administración anterior.
Explicó que las autoridades investigadoras dan prioridad a los expedientes próximos a cumplir sus plazos de prescripción, con el propósito de garantizar que los procedimientos se desarrollen dentro de los términos legales.
Asimismo, informó que la dependencia ha emitido 247 sanciones por faltas administrativas no graves y que ha turnado más de 100 expedientes por presuntas faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia responsable de determinar las sanciones correspondientes.
Subrayó que tanto las investigaciones como los procedimientos sancionadores deben respetar el debido proceso y los derechos de defensa de las personas involucradas.
Con estos resultados, la administración estatal sostiene que ha fortalecido sus mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas, mientras continúa la revisión de los recursos federales ejercidos durante 2025.
