La cantante Shakira extinguió formalmente su sociedad patrimonial Fire Rabbit, compañía fundada en 2012 con sede en el municipio español de Esplugues de Llobregat (nordeste), localidad donde vivía con el exfutbolista Gerard Piqué.
Así consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de este martes, que recoge la revocación de sus administradores y el nombramiento de liquidadores, entre los cuales se encuentra Shakira, y también la extinción definitiva de la compañía.
La sociedad estaba administrada de forma solidaria por la propia artista colombiana, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, y por Enrique Pecourt Gozálbez, quienes han actuado también como liquidadores en el proceso de cierre, de acuerdo con la información registral consultada por EFE.
La extinción de Fire Rabbit se produce después de varios movimientos en la estructura empresarial de la cantante en España, en un contexto marcado por su traslado de residencia a Miami (Estados Unidos) y por la reorganización de sus sociedades tras la ruptura con Piqué.
De hecho, Fire Rabbit nació en 2012 bajo el paraguas de Fire Dragon, empresa con sede en Panamá vinculada a la cantante, y contó como administrador solidario con Ferran Vilaseca, actual presidente del FC Andorra, club del que Piqué es máximo accionista.
Fire Dragon era la titular del 50% de la casa de Esplugues de Llobregat a través de sus sociedades Fire Rabbit e Inversiones BCN TWO&TWO SL.
Los últimos litigios de Shakira
El cierre de la compañía coincide con una etapa clave en los litigios que Shakira mantenía con la Agencia Tributaria española, ya que en mayo la Audiencia Nacional instó a Hacienda a devolverle alrededor de 60 millones de euros.
El tribunal dio la razón así a la artista al anular la multa impuesta por la tributación del ejercicio de 2011, al considerar que la Administración no ha acreditado que ésta permaneciera en 2011 en España más de 183 días, como exige la ley a la hora de convertir a un contribuyente en residente fiscal en el país.
Días antes de esa sentencia, un juzgado de Barcelona archivó la segunda causa penal que Shakira tenía abierta por un supuesto fraude de 6.6 millones de euros (7 millones de dólares) en 2018, después de que la Fiscalía y las demás acusaciones así lo pidieran, aunque remitieron a la cantante a la vía administrativa para que se pusiera al corriente con el organismo fiscal.
Años antes, Shakira aceptó una multa de 7.8 millones de euros al reconocer ante un tribunal que defraudó 14.5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, gracias a un pacto con la acusación que le evitó la prisión y le ahorró un largo juicio.
