El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, llegará este jueves a México en una visita oficial que se produce en un momento crítico y tenso de la relación bilateral motivado por el aumento de la presión estadounidense hacia el Ejecutivo mexicano en la lucha contra el narcotráfico.
Se trata de la primera visita de un alto cargo del gobierno de Estados Unidos a México en 2026, después de la realizada en septiembre del año pasado por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
No obstante, el viaje a México de Markwayne Mullin, quien lleva menos de dos meses en el cargo, ocurre en un contexto distinto en la relación bilateral, con un aumento de las tensiones en las últimas semanas en materia de seguridad.
Por ello, la expectativa es máxima ante la posibilidad de que pueda reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, al igual que hizo su antecesora, Kristi Noem, el año pasado.
De esta próxima visita, la mandataria dijo que servirá para mantener la coordinación en seguridad pero reiteró que cualquier colaboración debe respetar la soberanía mexicana.
Aparte de Mullin, el próximo lunes esta previsto el viaje a México de la conocida como «zar antidrogas», Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.
Estas visitas de alto nivel dan seguimiento a la llamada telefónica del viernes entre Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una conversación que la mandataria mexicana calificó de «cordial y excelente».
La conversación entre ambos gobernantes se produjo en un momento especialmente sensible de la relación bilateral, tras la acusación formal del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) estadounidense contra 10 altos funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y posesión de armas.
Era la primera vez que Estados Unidos exigía la detención urgente de políticos en activo vinculados con el Cártel de Sinaloa, lo que provocó un auténtico terremoto político en México que aún persiste.
El caso escaló después de que dos de esos funcionarios —los antiguos responsables de seguridad y finanzas del estado— se entregasen la semana pasada a las autoridades de Estados Unidos, circunstancia que alimentó los rumores sobre una posible cooperación con la justicia del país vecino.
Por el momento, el gobierno federal rechaza que vaya a extraditar a las personas señaladas al subrayar que el país vecino no ha presentado las pruebas necesarias para su detención urgente.
A todo esto se le suma las dudas sobre el papel de la CIA en México, pues la semana pasada una noticia señalaba que la muerte de un miembro del Cártel de Sinaloa en marzo fue, en realidad, un «asesinato selectivo facilitado» por la inteligencia estadounidense.
Esta información fue tachada de «ficción» por Sheinbaum y negada por la propia CIA en una inusual publicación, mientras avivó el debate sobre la supuesta política de injerencia de Estados Unidos en el país.
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