- De “paladín anticorrupción” a delincuente sentenciado: usó el sistema judicial para robar acciones empresariales
El abogado Rodrigo Antonio Muñoz Dromundo, quien buscó una candidatura por Morena y se autoproclamó “vocero de los vecinos del City Towers” en la alcaldía Benito Juárez contra el llamado Cartel Inmobiliario, fue condenado a 5 años, 1 mes y 26 días de prisión por el delito de falsedad ante autoridades, según dictó el juez Pablo Picazo Fosado el pasado 9 de abril de 2025, en un fallo que marca un antes y un después en la lucha contra el uso faccioso del sistema de justicia donde con base en pruebas contundentes, se revela una trama concertada para despojar ilegalmente a un socio mayoritario de sus acciones y derechos patrimoniales.
El caso, que marca un escándalo nacional, exhibe cómo un actor político y mediático manipuló el aparato judicial con fines personales, intentando despojar a su exsocio, el empresario Héctor Rubén Alcántara Nava, de acciones y utilidades empresariales bajo una acusación falsa de extorsión, en un plan calculado para desacreditar al socio principal.
Los abogados de Muñoz Dromundo dijeron al representante jurídico de Alcántara Nava que “todo este desmadre se puede parar y desaparecer el expediente, siempre y cuando le cediera el traspaso del local, el traspaso de sus acciones, el acta constitutiva, traspaso de los permisos, la licencia de alcohol y un millón de pesos”, se lee en el texto de sentencia de la carpeta digital UGJTE01/1277/2024 (antes TE003/186/2023).
Rodrigo Muñoz se posicionó en medios como defensor del pueblo y denunciante del llamado “Cártel Inmobiliario”, lo que le permitió proyectarse políticamente hasta buscar la candidatura a una diputación local en el anterior proceso electoral, en la alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, detrás de esa fachada operaba una trama de intereses personales y uso fraudulento de la justicia.
En colusión con su hermano Luis Gonzalo Muñoz Dromundo, fabricaron una acusación de extorsión contra Héctor Rubén Alcántara, a pesar de que eran socios y el empresario les había regalado acciones para que se integraran a la administración de varios ngocios. Prepararon una trampa legal: citaron a Alcántara a recibir un supuesto pago de $250,000 pesos de sus utilidades para fingir un acto de extorsión. Así, el chofer de Alcántara, Isaac Herrera Macorra, quien acudió a recibir el supuesto pago, fue arrestado injustamente y pasó más de 10 meses en prisión, hasta que se comprobó el montaje.
Aunque Rodrigo Muñoz encabezó denuncias contra desarrolladores inmobiliarios y políticos del PAN en Benito Juárez, su caso insignia fue desechado por falta de pruebas porque dictámenes oficiales demostraron que las obras denunciadas como ilegales en City Towers fueron hechas por los propios vecinos —y no por la inmobiliaria—, lo que colapsó su narrativa mediática.
Aparte, más de 250 condóminos de City Towers se deslindaron públicamente de él en 2023, acusándolo de usar la supuesta vocería para obtener beneficios personales, revelar información privada y provocar una caída del 20% en el valor de sus inmuebles por la campaña de desprestigio que Muñoz Dromundo promovió en medios.
Este caso pone al descubierto una peligrosa modalidad de corrupción: el uso del sistema penal para castigar a socios comerciales, robar acciones y evadir obligaciones legales bajo el disfraz de una denuncia.
La sentencia de prisión contra Rodrigo Muñoz es clara: fingió ser víctima para convertirse en verdugo y de acuerdo con la sentencia, Rodrigo Muñoz Dromundo ya no es un denunciante: hoy es un delincuente sentenciado.
