Los diputados Javier Herrera Borunda (PVEM) y Ricardo Mejía Berdeja (PT), presidentes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Transparencia y Anticorrupción, respectivamente, señalaron que la reunión de hoy de Comisiones Unidas con Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, es para transparentar las investigaciones y acciones emprendidas ante presuntas irregularidades en la contratación de material electoral.
En declaraciones a representantes de medios de comunicación, Herrera Borunda explicó que ambas comisiones acordaron realizar un ejercicio conjunto de control parlamentario para conocer los resultados del trabajo del órgano fiscalizador del Instituto Nacional Electoral (INE).
“La intención es tener un ejercicio de control parlamentario, que es una de las obligaciones que tenemos nosotros los legisladores, vigilar a quienes vigilan”, expresó.
Indicó que el ejercicio deberá desarrollarse bajo el principio de máxima publicidad, sin comprometer las investigaciones en curso ni vulnerar las disposiciones legales relacionadas la información.
“La idea es que sea un ejercicio de máxima publicidad, de cara al pueblo, entendiendo que hay líneas de investigación que amerita por fundamento legal que se tengan que mantener sin mencionar ciertos nombres o técnicas”, manifestó.
Hizo énfasis en que las y los diputados formularán cuestionamientos procurando no afectar el debido proceso ni las investigaciones que pudieran derivar en sanciones.
Por su parte, Mejía Berdeja expresó que uno de los principales temas a esclarecerse es la presunta concentración de contratos relacionados con la producción y suministro de boletas y otros materiales electorales.
“La realidad es que sí nos interesa mucho que el titular del órgano de control, que ya ha estado dos ocasiones con nosotros, estuvo el 10 de diciembre del 2025 y el 9 de septiembre de este año, pero que pueda profundizar hasta donde alcance la secrecía, pero que sí pueda aclarar varios temas que el pueblo de México demanda”, señaló.
Advirtió que hay un presunto esquema de concentración de contratos que ha operado durante más de 25 años, e involucrado tanto al INE como a organismos locales electorales.
“Los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández, que prácticamente han colocado material, boletas, no sólo en el Instituto Nacional Electoral, desde que estaba Ugalde, Lorenzo Córdova y ahora Taddei, sino que también han hecho negocios en los organismos públicos locales electorales, los Oples.
“Por ejemplo, rememorábamos una denuncia que Ricardo Monreal en el 2005 hizo en el Instituto Electoral del Estado de México, donde le habían adjudicado a la empresa de José Alfredo y Raymundo Hernández, que en ese entonces era cartonera plástica, que hoy es Cajas Grab, le habían adjudicado todo el material de la elección del Estado de México con un sobrecosto de 42 millones”, recordó.
También se refirió a los audios difundidos en los que se mencionan contrataciones de material electoral en Coahuila y Veracruz. “Es decir, hay un cártel del material electoral que tiene José Alfredo Hernández y que fue tolerado y auspiciado por todas las gestiones del INE, pues de eso queremos que se vaya a fondo”.
Mencionó que el OIC ya había informado sobre investigaciones relacionadas con estas contrataciones durante una reunión celebrada el 9 de septiembre, así como en un documento remitido posteriormente a las y los diputados.
“Sí lo denunció el día 9 de septiembre, ahí está en el canal del Congreso, en el YouTube. Claro, él siempre se cubrió con el tema de la secrecía, pero además en el informe que nos remitió hace unos días habla que sobre este tema había ya investigaciones dadas.
“Todo se tiene que aclarar, todo. Y bueno, pues ya están citados ahorita los grupos parlamentarios, vamos a estar informando, y también como Javier ha dado cuenta, pues también este tema ya lo trae la Auditoría Superior”, expresó.
Consideró que el Órgano Interno de Control “lo tiene que evaluar ahí es cuántos procesos, cuántas denuncias, y recurrir a la Fiscalía de la República o al Tribunal de Justicia Administrativa, que son finalmente los que imponen sanciones administrativas o penales”.
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