La diputada Celia Esther Fonseca Galicia (PVEM) plantea reforma legal para que en la ejecución de las tareas de inteligencia, análisis y aprovechamiento de la información, las autoridades incorporen de manera transversal el principio del interés superior de la niñez y la adolescencia, priorizando la prevención, detección y atención de conductas que vulneren sus derechos.
La propuesta, que busca reformar el artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, específica que para tal efecto deberán identificar y mitigar riesgos que les afecte, tanto en el ámbito físico como en el entorno digital, cualquier tipo de violencia, garantizando en todo momento su protección integral.
La legisladora refiere que estas adecuaciones son fundamentales, toda vez que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública representa un instrumento clave para la articulación de capacidades institucionales orientadas a la prevención, investigación y persecución de los delitos.
“Su diseño reconoce la importancia de la coordinación interinstitucional, el uso de tecnología y el análisis de información como pilares para la construcción de la paz. Sin embargo, su contenido puede fortalecerse mediante la incorporación de un enfoque diferenciado que atienda los riesgos particulares que enfrentan las personas menores de edad”, sostiene.
Enfatiza que en la actualidad las amenazas a la seguridad de niñas, niños y adolescentes han evolucionado de manera significativa, ya que a las formas tradicionales de violencia se han sumado nuevas modalidades delictivas que operan en entornos digitales, donde la capacidad de vigilancia, detección y prevención por parte del Estado enfrenta desafíos inéditos.
“Tal es el caso de la captación con fines delictivos, el ciberacoso, la explotación sexual en línea y otras formas de violencia digital constituyen fenómenos que requieren respuestas institucionales más sofisticadas”, puntualiza.
En este contexto, la diputada Fonseca Galicia menciona que la inteligencia en seguridad pública se convierte en una herramienta indispensable para identificar patrones, anticipar riesgos y desarticular redes criminales antes de que se materialicen los daños.
Sin embargo, advierte que para que la inteligencia cumpla plenamente con este objetivo, es necesario que su diseño y ejecución incorporen criterios claros que orienten su actuación hacia la protección de grupos específicos, en particular de niñas, niños y adolescentes. “La ausencia de esta perspectiva limita la eficacia de las estrategias de prevención y reduce la capacidad del Estado para intervenir de manera oportuna en situaciones de riesgo”.
Ante ello, considera que la reforma propone subsanar esta omisión mediante la incorporación expresa del principio del interés superior de la niñez y la adolescencia como un criterio transversal en la ejecución de las tareas de inteligencia, análisis y aprovechamiento de la información.
Abunda que se busca garantizar que todas las acciones desarrolladas en el marco del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública consideren de manera prioritaria la protección de los derechos de las personas menores de edad.
Aclara que su propuesta no implica la creación de nuevas estructuras administrativas ni la asignación de recursos adicionales. Por el contrario, se trata de una adecuación normativa que fortalece el uso de las capacidades existentes, orientándolas de manera eficiente hacia la prevención de riesgos específicos.
Expone que la incorporación de un enfoque específico de niñez en las tareas de inteligencia permitirá mejorar la calidad de la información generada, al incluir variables que actualmente no son consideradas de manera sistemática y facilitará la identificación de tendencias, la detección de patrones y la anticipación de riesgos.
De igual manera, contribuirá a fortalecer la coordinación interinstitucional, al establecer un marco común de actuación que vincule a las autoridades de seguridad pública con aquellas encargadas de la protección de derechos de la niñez. “Esta articulación es fundamental para garantizar respuestas integrales y oportunas”.
Puntualiza que la ausencia de un enfoque transversal que integre la protección de niñas, niños y adolescentes en las tareas de inteligencia en seguridad pública limita la capacidad del Estado para prevenir de manera eficaz los delitos que les afectan, especialmente en un contexto donde las dinámicas delictivas se han trasladado de manera creciente al entorno digital, por lo que con esta iniciativa se dará una respuesta legislativa que permita cerrar las brechas existentes y fortalecer la protección de los derechos de este grupo poblacional.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su dictamen.
