Por Julio César Briseño Cruz, CEO de Cénit, banca de desarrollo y consultoría empresarial.
El crédito representa la principal barrera de inclusión financiera en México porque, aunque muchas personas tienen acceso a cuentas bancarias, muy pocas pueden obtener financiamiento formal debido a requisitos estrictos, falta de historial crediticio y desconfianza en las instituciones.
Así, aunque el 76.5 % de los adultos mexicanos tiene al menos un producto financiero formal, solo el 37.3 % tiene acceso a crédito formal. Esto revela una brecha entre bancarización y financiamiento.
Ante la falta de opciones formales, muchas personas recurren a prestamistas informales con tasas usurarias y condiciones abusivas, lo que perpetúa ciclos de deuda y vulnerabilidad.
Vale mencionar que las instituciones financieras suelen exigir historial crediticio, comprobantes de ingresos y garantías que excluyen a trabajadores informales, jóvenes, mujeres sin propiedad registrada y comunidades rurales.
A esto debemos añadir que muchas personas desconocen cómo funciona el crédito, cómo construir un historial o cómo comparar opciones. Esto limita su capacidad para tomar decisiones informadas y acceder a productos adecuados.
Simultáneamente el trato injusto, la falta de transparencia y los procesos burocráticos generan desconfianza hacia los bancos, especialmente entre poblaciones históricamente excluidas. Y aunque las fintech amplían el acceso a pagos digitales, no todas ofrecen crédito accesible o regulado.
Remarco: la inclusión digital no siempre se traduce en inclusión financiera profunda.
Ahora, el crédito no es solo un producto financiero: también es una herramienta de movilidad social. Permite invertir en educación, vivienda, salud, emprendimiento y resiliencia. Sin acceso justo al crédito, la inclusión financiera queda incompleta y la equidad económica se vuelve inalcanzable.
Las acciones cruciales para ampliar la inclusión bancaria y el acceso al crédito en México son: usar datos alternativos para evaluar solvencia, ofrecer productos garantizados por ahorro, y fortalecer la educación financiera. Estas medidas permiten incluir a quienes hoy están fuera del sistema formal.
La evaluación crediticia con datos alternativos implica usar información como ingresos digitales, consumo recurrente y comportamiento financiero en apps para evaluar la capacidad de pago.
En tanto, los productos financieros garantizados por ahorro es ofrecer tarjetas de crédito respaldadas por depósitos, lo que permite construir historial sin riesgo de
Respecto a la educación financiera como acto de empoderamiento, es enseñar a las personas cómo funciona el Buró de Crédito, cómo construir reputación financiera y cómo negociar con instituciones reguladas.
En cuanto a la expansión territorial y digital de servicios bancarios, es llevar servicios financieros a municipios marginados mediante sucursales móviles, apps accesibles y corresponsales comunitarios.
Otra de las acciones cruciales para permitir el crédito formal son las reformas regulatorias con enfoque de equidad. Es decir, diseñar políticas públicas que reconozcan contextos vulnerables como comunidades indígenas, mujeres sin ingresos formales o jóvenes sin historial.
El crédito debe ser prioritario porque es el motor que transforma la inclusión financiera básica en desarrollo económico real. Para las MiPYMES, representa la posibilidad de crecer, sobrevivir a crisis y formalizarse. Sin crédito, la inclusión es solo simbólica.
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