Por: Ricardo Contreras Reyes
La cifra deja boquiabiertos hasta a los más incrédulos.
Se trata de un billón quinientos ochenta mil millones de pesos, cantidad que durante 2025 dejó de recaudar el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual ha servido para favorecer a las familias más acaudaladas del país.
El monto equivale al 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB) por concepto de exenciones, deducciones, condonaciones y estímulos fiscales dirigidos, en su mayoría, a los hogares con mayores ingresos y a las grandes empresas, revela un análisis de Oxfam México, titulado “¿Incentivos para quién? Renuncias recaudatorias que subsidian a los más ricos”.
La organización, que dirige Alexandra Hass, señala que las arcas púbicas dejan de cobrar dinero voluntariamente bajo la premisa de promover el desarrollo y el bienestar.
El modelo actual opera como una herramienta política que otorga subsidios indirectos a la élite económica y, en consecuencia, profundiza la desigualdad económica en el país, asegura la directora de Oxfam México.
La magnitud de las renuncias recaudatorias en las finanzas públicas es enorme: el monto sacrificado en 2025 superó con creces la inversión pública nacional que fue del 3.1% del PIB.
Tales privilegios ya rebasaron 38 veces el presupuesto de la SEDATU; 43 veces el presupuesto de la Semarnat, y 376 veces el de Semujeres.
A pesar de su relevancia, el Estado carece de objetivos verificables, indicadores de desempeño, cláusulas de caducidad o datos abiertos que permitan evaluar el impacto social de estas renuncias. Tampoco existe información para conocer con certeza a los beneficiarios ni los resultados alcanzados.
Muestra de esta opacidad son los estímulos otorgados a proyectos políticos prioritarios como los polos de desarrollo para el Bienestar, la relocalización de empresas (nearshoring) o el Plan México, cuyos costos se registran en los documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajo las siglas “N.A.” (No Aplicable) o “N.D.” (No Disponible).
“Que gran parte de las renuncias recaudatorias operen en la opacidad y bajo el riesgo de regresividad es una decisión política, no una limitación técnica. El Estado puede y sabe cómo fiscalizar a detalle; ya lo hace con las personas trabajadoras y con instrumentos de menor peso económico”, asegura Diego Merla, coordinador de la estrategia de Justicia Fiscal en Oxfam México.
El análisis sobre los informes anuales de la SHCP demuestra que estas herramientas son profundamente regresivas:
* Deducciones personales: Casi 75 de cada 100 pesos de las deducciones del Impuesto Sobre la Renta se concentraron en el 10% de los hogares con mayores ingresos.
* Deducciones empresariales: 80 de cada 100 pesos destinados a la compra de vehículos beneficiaron al 10% de las empresas más grandes del país.
La concentración también es presupuestal: aunque la SHCP reportó 97 tipos de incentivos en 2025, sólo 10 de ellos absorbieron cerca del 80% del monto total.
En el caso de los estímulos fiscales, apenas seis de los 36 existentes concentraron el 95% de los recursos.
Adicionalmente, el documento evidencia que las renuncias operan como subsidios indirectos para corporaciones de sectores como la agroindustria, donde las tasas reducidas permiten a las empresas adquirir insumos primarios sin pagar impuestos y, al mismo tiempo, acreditar el IVA de sus procesos intermedios (energía, transporte, envases), ampliando sus márgenes de ganancia a costa del beneficio popular.
Un fenómeno similar ocurre con los fideicomisos inmobiliarios, cuyo estímulo creció 17.1 veces en la última década mientras la vivienda se encareció.
¿A quién benefician realmente los incentivos del Estado? Mientras la clase trabajadora enfrenta una fiscalización estricta, los “ultrarricos” (sic) y las grandes empresas se benefician de las renuncias recaudatorias para evitar el pago de impuestos. Su influencia política les permite mantener estos mecanismos al margen de la discusión pública, perpetuando un sistema fiscal desproporcionado.
Ante esta situación, Oxfam México urge al Estado a transformar de fondo estos instrumentos y alinearlos con los principios de la justicia fiscal, para garantizar su función de bienestar social. Esto implica garantizar que las renuncias recaudatorias sean progresivas, transparentes y estén sujetas al control democrático y a revisión periódica.
@PeriodistaRCR
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