El freno judicial en las elecciones generales del 29 de noviembre al voto de descendientes de migrantes españoles, nacionalizados bajo la «ley de nietos», provoca controversia a las puertas del consulado de España en CDMX, donde algunos afectados denuncian sentirse “ciudadanos de segunda”.
Para Mari Carmen González, nieta de migrantes originarios de las regiones españolas de Cantabria y Navarra y que tramitó su expediente tras años de demoras burocráticas, la limitación censal representa un agravio frente a sus lazos familiares e identitarios.
«Nos sentimos desplazados, no reconocidos o ciudadanos de segunda», expresó a EFE ante el consulado de España en México, uno de los países con mayor comunidad española en el extranjero.
Beatriz Gutiérrez Müller recibió trato preferente durante su proceso para obtener la nacionalidad española, según The Objective
La polémica se produce tras una orden del Tribunal Supremo español que frenó el voto para las elecciones españolas del 29 de noviembre a unos 160 mil nacionalizados por esta «ley de nietos», a quienes ahora se les exige demostrar que sus abuelos migraron por exilio político.
La medida contrasta con la situación de unos 190 mil hijos de los nacionalizados por la ley, a quienes la justicia sí autorizó a participar en los comicios.
La «ley de nietos» es una disposición de la Ley de Memoria Democrática española que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas y salieron del país, entre 1936 y 1955, durante la Guerra Civil y la posterior dictadura de Francisco Franco.
González, cuyo padre se vio forzado en su momento a renunciar a la nacionalidad española de origen ante las leyes de la época, reivindicó que recuperar el estatus legal responde a un compromiso de memoria.
«Debería ser más fácil para nosotros poder votar porque finalmente somos parte de los españoles», agrega.
En la misma línea, Armando Uribe Valle, quien obtuvo la nacionalidad por vía materna en 2010 como descendiente de un abuelo originario de Potes (Cantabria), consideró contradictorio otorgar un pasaporte desprovisto de facultades cívicas plenas.
«Tan español es el que nació y está en su provincia como el que ya se nacionalizó. Adquieres un derecho, adquieres obligaciones, y yo creo que debería darse esa libertad a participar», argumentó Uribe.
Frente a esta postura, otros asistentes al consulado plantearon una visión basada en la reciprocidad tributaria y la vinculación con los problemas cotidianos del país.
“Si eres residente extranjero, con algo tienes que aportar al gobierno que te está cediendo ese derecho», zanjó Adriana, también nieta de un español, quien descartó ejercer el voto.
«Yo no votaría. Ni tengo suficiente información, ni vivo allá, ni estoy aportando», explicó.
La decisión del Tribunal Supremo español de suspender cautelarmente la incorporación al censo a los nietos sin acreditación documental de persecución política, promovida inicialmente por la formación de extrema derecha Vox, ha colocado a los consulados de América Latina en el centro de la atención política ante los comicios del 29-N.
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