- Llaman al Poder Legislativo para desechar la propuesta.
- Más de un millón de tiendas de abarrotes se verán afectadas en sus ventas.
El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño) alertó que la propuesta de aumentar la -ya de por si elevada-, carga fiscal a los cigarros y refrescos que plantea el gobierno federal a través de su propuesta del Paquete Económico para 2026, no reducirá el consumo ni aumentará la recaudación y bajará las ventas de las tiendas de abarrotes, misceláneas, supercitos y demás negocios que tienen a estos productos como su principal artículo de venta al aumentar los precios. Además, representará un peligroso estimulante para el crimen organizado que actualmente controla el mercado negro, el consumo entre menores y la extorsión a comerciantes para vender tabaco ilícito.
El presidente de la organización, Gerardo López Becerra, lamentó la propuesta que planteó la Secretaría de Hacienda, pues recordó que en el 2010, el gobierno panista de ese entonces aprobó un aumento de siete pesos por cajetilla con el que se proyectaba desincentivar el consumo de tabaco y recaudar más de 42 mil millones de pesos en 2011. Sin embargo, la realidad fue muy distinta, pues lejos de disminuir el consumo de tabaco y recaudar lo planeado, sólo alcanzó para recibir 30 mil millones de pesos, lo que representó una pérdida recaudatoria de más de 12 mil millones de pesos, mientras que la Secretaría de Salud reconoció que el consumo de cigarros no disminuyó, sino todo lo contrario. A partir de ese momento, el mercado ilegal comenzó a crecer rápidamente de 2 a más del 20 por ciento, con una evasión fiscal de más de 13 mil millones de pesos anuales.
No obstante, advirtió que lejos de que esta realidad se vaya a revertir, lo cierto es que hay peligrosos elementos para predecir que se agudizará, pues el Gobierno Federal propuso elevar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), superior al 30% sobre el precio de los cigarros, lo que se traduciría en un aumento mínimo de $20 pesos por cajetilla para 2026, así como una cuota específica de $0.6445 pesos vigente en 2025 hasta $1.1584 pesos en el 2030.
El dirigente alertó que hoy en día, la elevada carga fiscal que ya pesa sobre las cajetillas legales de cigarros incentiva al crimen organizado para endurecer sus prácticas de extorsión a comerciantes establecidos para vender cigarros ilegales, actividad que ocurre a lo largo del país, pero advirtió que se han detectado regiones específicas en donde el flagelo ha alcanzado dimensiones más peligrosas, como en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Yucatán, cuyas marcas más recurrentes son Marble, Denver, Indigo, Royal, Time y Carnival -mencionadas en las Alertas Sanitarias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)-, aunque a partir del impuesto del 2010 se han detectado más de 250 marcas ilegales en circulación en dichas regiones.
En este sentido, el presidente de la organización alertó que actualmente los comerciantes son chantajeados y amenazados a vender marcas de cigarros ilegales para evitar algún tipo de atentado a su negocio, cobro de cuota o agresión física o psicológica a ellos o a sus familias.
“Los pequeños comerciantes serán los perdedores de esta reforma fiscal. Las tiendas de abarrotes, que ya enfrentan competencia de cadenas y tiendas de conveniencia, también enfrentan una situación alarmante: la extorsión por parte del crimen organizado para vender marcas específicas de cigarros ilegales. En estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se estima que hasta el 90 por ciento de las tienditas tradicionales son obligadas a comercializar productos controlados por grupos delictivos. El incremento de impuestos traería consecuencias catastróficas”, alertó el dirigente empresarial.
López Becerra mencionó que una evidencia del grave fenómeno de cigarros ilícito que azota en la actualidad al país fue el decomiso de más de 10 millones de cajetillas de cigarros ilegales que asestó la Agencia Nacional de Aduanas de México a finales de agosto pasado en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El empresario reconoció que el decomiso de los más de 10 millones de cajetillas de cigarros, equivalente a 240 millones de cigarros, es un logro de la Guardia Nacional en virtud de que la acción impidió -por un lado-, que esos productos llegaran a manos de las bandas criminales para extorsionar a miles de comerciantes a venderlos en sus negocios y -por otro-, evitar que los cigarros fueran introducidos al mercado local en detrimento de los consumidores, toda vez que, subrayó, son productos que en muchas ocasiones se fabrican con pasto, aserrín y hasta heces de animales.
Por lo anterior, el presidente de ConComercioPequeño consideró que el incremento de impuestos al tabaco no puede analizarse de forma aislada, pues las tiendas de abarrotes -que representan una parte vital de la economía nacional-, ya enfrentan múltiples desafíos, como competencia desigual, inseguridad, extorsión y un mercado informal en expansión, por lo que aumentar la carga fiscal a productos de alta rotación como el tabaco acelerará el cierre de negocios formales y fomentará aún más el contrabando.
“Reconocemos el esfuerzo de las autoridades en combatir el contrabando de cigarros, pues hablamos que se impidió la introducción de 10 millones de cajetillas de cigarros ilegales, sin embargo, la historia lo dice, la alta carga impositiva no ha logrado reducir el consumo ni aumentar la recaudación, solo ha fortalecido la ilegalidad y puesto en mayor riesgo la salud y la seguridad de los mexicanos. Más impuestos significa mayor contrabando”, subrayó el presidente de ConComercioPequeño.
Por lo anterior, López Becerra lanzó un llamado al Poder Legislativo para desechar la propuesta de incrementar los impuestos, pues ya quedó demostrado en las últimas décadas que la noble intención de promover la salud se ve pulverizada en la realidad por “el mercado negro”, controlado por el crimen organizado.
“Invitamos a diputados y senadores simple y sencillamente legislar en base a la evidencia: El combate al tabaquismo no es con políticas fiscales o recaudatorias; es a través de estrategias informativas, sociales y de salud de fondo y largo plazo”, afirmó.
