El crimen organizado encontró, según el informe “Estado en retirada: entre la protesta legítima y la cooptación delictiva organizada”, una vía para infiltrarse en algunas estructuras del movimiento normalista, cometer delitos y establecer vínculos con actores políticos locales. La investigación realizada por el periodista especializado en seguridad Óscar Balderas junto con Defensorxs y Narcodata, documenta mil 61 eventos delictivos registrados durante los últimos cinco años y plantea que combatir esta infiltración también requiere proteger las demandas legítimas de los estudiantes.
Durante la presentación, realizada en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Balderas explicó que la investigación surgió a partir de distintos casos en los que civiles enfrentaron saqueos ante la ausencia de autoridades. El periodista aclaró que el propósito del trabajo no consiste en criminalizar al movimiento normalista ni sus demandas históricas, en particular las relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino identificar a quienes utilizan estas causas como cobertura para actividades delictivas.
El informe utiliza el concepto de “falso normalista” para referirse a personas que, aunque se presentan como estudiantes o líderes normalistas, no forman parte activa de la comunidad estudiantil o tienen vínculos con estructuras criminales. Estas personas aprovechan la identidad del movimiento para participar en saqueos, robos, bloqueos carreteros, privaciones ilegales de la libertad y otros actos ilícitos.
“Hay que extraer al crimen organizado de estas demandas, quitarle la agenda al crimen organizado y devolvérselo a los estudiantes”, afirmó Balderas y sostuvo que la infiltración criminal afecta las demandas de justicia de los normalistas, por lo que planteó la necesidad de separar las causas legítimas del movimiento de las actividades delictivas.
Uno de los principales hallazgos corresponde a los más de mil eventos identificados entre enero de 2021 y el 1 de abril de 2026. De acuerdo con el informe, esta cifra representa una frecuencia aproximada de un evento cada 44 horas, mientras que el 60 por ciento de los casos se concentra en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla, entidades donde existen Escuelas Normales Rurales y presencia de organizaciones criminales.
La investigación también calcula pérdidas promedio de 66 mil 600 pesos para las empresas afectadas por eventos en los que participan los llamados “falsos normalistas”. El monto contempla el valor de las mercancías, daños a vehículos y otros gastos derivados, mientras que el informe señala que estas afectaciones repercuten en las cadenas logísticas y, en algunos casos, pueden trasladarse al precio final de los productos.
Asimismo, parte de las mercancías obtenidas mediante saqueos llega a mercados negros o se distribuye entre comunidades con el propósito de generar respaldo social. Ante ello, Balderas advirtió que esta capacidad de movilización puede convertirse en una herramienta de negociación política y favorecer intercambios de protección o impunidad con actores locales.
El periodista sostuvo que la impunidad representa uno de los principales factores que permiten la continuidad de estas prácticas al afirmar que en estos casos llega hasta 99 por ciento, de acuerdo con las estimaciones del estudio. “Tienes 10 veces más posibilidades de que si pones un negocio este se vaya a la quiebra, a que te agarre la policía si robas un camión”, señaló.
Alberto Guerrero Baena, consultor en política de seguridad, coincidió con los planteamientos del informe y expuso el caso de Michoacán, donde señaló la existencia de bloqueos y boteos realizados por estudiantes normalistas. También afirmó que las Casas del Estudiante y otros espacios vinculados con las comunidades educativas pueden convertirse en zonas donde la autoridad evita intervenir por razones políticas. A su juicio, el repliegue no responde a una falta de capacidad operativa, sino a decisiones relacionadas con el costo político de actuar.
Por su parte, Saulo Dávila, consultor senior en Integralia, planteó la necesidad de recuperar el control territorial sin revictimizar a los estudiantes que forman parte del movimiento normalista. Explicó que muchos jóvenes enfrentan condiciones sociales que los colocan en situaciones de vulnerabilidad y destacó el impacto de estos hechos en las cadenas logísticas, las empresas y la inversión privada.
Nancy Canjura, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, sostuvo que las Normales Rurales representan espacios de movilidad social para jóvenes de zonas rurales y consideró que el Estado mantiene una deuda con estas comunidades. Agregó que las autoridades conocen lo que ocurre en estos espacios mediante sus servicios de inteligencia y atribuyó la falta de intervención a una decisión política, no a la ausencia de información.
El informe propone identificar a los “falsos normalistas” y aplicar la ley cuando existan elementos para acreditar delitos, con el propósito de que los estudiantes puedan plantear sus demandas sin la intervención de estructuras criminales. Sin embargo, de mantenerse la falta de respuesta, en un plazo de 10 a 15 años podría consolidarse la presencia del crimen organizado en estos espacios y normalizarse la violencia alrededor de las comunidades normalistas.
