La diputada Claudia Selene Ávila Flores (Morena) planteó reformar el artículo 389 Bis 2 de la Ley General de Salud, para crear el Certificado Vitalicio Único de Discapacidad Permanente, que permitirá a las personas acreditar su condición sin necesidad de renovar constantemente la documentación exigida por las instituciones para acceder a los apoyos del Estado.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen, indica que este certificado será expedido conforme a la legislación vigente y acorde con los tratados internacionales de los que México sea parte, por profesionales de la medicina o persona autorizada por la autoridad sanitaria, y deberá incluir la Clave Única de Registro de Población del beneficiario.
Ávila Flores señala que se busca eliminar la renovación periódica las constancias o comprobantes de discapacidad de carácter definitivo, para el ingreso o permanencia en esquemas de ayuda social y establecer un certificado único que compruebe de manera fehaciente que esa condición es irreversible.
Considera que la medida contribuiría a que los subsidios gubernamentales alcancen a una mayor parte de la población, particularmente hogares donde coincide el desempleo, la falta de ingresos y pocas oportunidades educativas o de servicios básicos, lo que se traduce en una situación de pobreza que impide el sostenimiento familiar y el disfrute de una vida digna.
Para la legisladora es fundamental evitar que las instituciones rechacen a la población beneficiaria, y facilitar la recepción de los apoyos al quitar barreras administrativas que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos.
Apunta que existen dependencias encargadas de emitir esos documentos esenciales, pero por falta de coordinación y capacitación en materia de atención digna, o por desconocimiento niegan el servicio, provocan demoras, son omisas o desconocen su responsabilidad.
De aprobarse la reforma, las personas con discapacidad contarían con una acreditación permanente que garantizaría su inclusión a programas sociales, como la Pensión Universal y las pensiones del Bienestar, precisa.
Hace notar que para una protección sólida de los derechos de las personas con discapacidad –que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2024, son 9.5 millones de personas– es necesario implementar acciones de gobierno que arranquen de raíz las barreras y obstáculos para su ejercicio pleno.
Puntualiza que las personas con discapacidad permanente no deben renovar sus certificados constantemente, dado que su condición no desaparecerá, lo cual complica su obtención, otorgar carácter vitalicio al documento y ser de gran utilidad para realizar los trámites que pueden otorgarles múltiples beneficios.
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