La Fiscalía de Perú archivó la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) y varios de sus entonces ministros por el caso del incremento del sueldo presidencial, que el Ejecutivo decidió duplicar en julio de 2025.
El Fiscal de la Nación (fiscal general), Tomás Gálvez, informó este lunes en la emisora de radio RPP que «no había mérito» para formular la denuncia constitucional contra la exmandataria ni contra sus exministros de Estado y añadió que se ordenó «el archivo de todo lo accionado» y la «anulación de la anotación o registro informático generado» con el caso.
El 4 de julio de 2025, a través de un decreto supremo, el gobierno de Boluarte aprobó el incremento del 122% del cargo de presidente, que pasó de 15 mil soles (77 mil 873 pesos mexicanos) a 35 mil 568 (171 mil 334 pesos mexicanos).
Un hecho que además de generar críticas, provocó que el partido izquierdista Voces del Pueblo interpusiera una denuncia penal contra la expresidenta y su gabinete ministerial por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La formación política argumentó que el Ejecutivo de Boluarte infringió una ley que establece que la remuneración del presidente del país no debe exceder las 10 Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), es decir, 26 mil soles (129 mil 797 pesos).
Pero este lunes, Gálvez indicó que «no se ha acreditado un interés ilícito» en este hecho ni se encontraron evidencias para declarar a Bolaurte y sus exministros «como presuntos coautores» de dichos delitos, porque resulta «jurídicamente imposible subsumir los hechos» en la tipificación del referido ilícito penal.
Además, tras entrevistas a testigos y miembros del Ejecutivo, el Ministerio Público confirmó que «la aprobación de las diversas etapas para la compensación económica presidencial se ajusta estrictamente a los marcos normativos vigentes, descartando cualquier tipo de irregularidad».
También detalló que la iniciativa de aumentar el sueldo presidencial iniciada en marzo de 2024, y no en febrero de 2025, como alegaban los denunciantes, con lo cual se «desvirtúa la presunta celeridad o preferencia» de dicho procedimiento administrativo «y le resta credibilidad al hecho denunciado».
