A tres meses de la muerte de la fotógrafa Berenice Giles, ocurrida tras el colapso de una estructura durante el festival Axe Ceremonia, los familiares de la víctima señalaron a la empresa Ocesa como una de las responsables y acusaron que sus representantes no han acudido a declarar como parte de la investigación.
Durante un pronunciamiento a las puertas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, los deudos, acompañados de sus abogados, señalaron que las autoridades aún no han formulado imputaciones contra los directivos de dicha empresa y que la institución ha buscado reunirse con ellos “a solas”, sin incluir a los representantes legales de la familia.
El abogado Fabián Victoria señaló que la FGJ envió un citatorio a Ocesa desde el pasado 1 de julio, pero hasta ahora nadie ha comparecido.
Ese mismo día, la fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, informó que ya tienen ubicados a los presuntos responsables del incidente, en el que también perdió la vida el fotógrafo Miguel Ángel Rojas.
La funcionaria indicó que se formularán imputaciones por el homicidio de Berenice y Miguel Ángel, aunque no dio detalles sobre los posibles acusados. No obstante, aseguró que esta semana se darán a conocer avances en la investigación.
Fabián Victoria criticó que las empresas señaladas como responsables en la carpeta de investigación, y mencionadas por la fiscal, son “las más insignificantes”.
Ante los medios de comunicación, el abogado también denunció que las autoridades han obstaculizado diligencias clave, como una solicitud hecha a la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX para identificar el camión en el que se instaló el centro de mando y monitoreo, con 53 cámaras que vigilaban en tiempo real el festival.
“Hemos estado solicitando insistentemente que se cite a los representantes legales de las empresas patrocinadoras del evento, que son múltiples, para que vengan y digan quién los invitó a participar”, expresó.
La familia y sus asesores legales informaron que, ante la ineficiencia de la Fiscalía local, realizaron peritajes particulares que concluyen que la caída de la torre fue resultado de una falla en los protocolos de Protección Civil, lo cual implicaría responsabilidad directa de las empresas organizadoras.
Entre consignas de «¡Justicia!», los litigantes aseguraron que están abiertos a la posibilidad de un acuerdo reparatorio, pero no antes de que se determine formalmente la responsabilidad de la empresa en la tragedia.
Amigos y familiares se manifestaron durante más de una hora frente a las oficinas de la FGJ, donde colocaron pancartas y carteles con mensajes de exigencia de justicia tanto para «Bere» como para Miguel Ángel.
