Policías del Estado de Jalisco manifestaron inquietud luego de recibir un aviso de mantenimiento en la nueva tarjeta de vales operada por Broxel, situación que reavivó temores por antecedentes de fallas con proveedores anteriores y por el manejo de información personal, de acuerdo con información publicada por Periódico Mural.
La empresa notificó que realizaría trabajos técnicos entre las 00:00 y las 5:00 horas, periodo en el que no podrían utilizarse la tarjeta ni la plataforma web, además de recomendar prever consultas de saldo o dispersiones.
Para varios elementos, el mensaje encendió alertas debido a la experiencia previa con Saymoc, operadora de las tarjetas de BZ Capital, cuando fallas técnicas derivaron en bloqueos y en la imposibilidad de acceder a sus recursos. En ese caso, señalaron, la comunicación institucional fue insuficiente y el contrato terminó cancelándose por presuntas irregularidades, sin que hasta ahora se haya aclarado el destino de aproximadamente 480 mil pesos correspondientes a saldos de los policías.
Usuarios también reportaron que la tarjeta Broxel no puede utilizarse en todos los establecimientos si no se activa previamente una opción en la aplicación, además de expresar preocupación por la solicitud de datos personales adicionales.
Las dudas no se limitan al ámbito de seguridad. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) recomendó a sus afiliados no proporcionar información personal extra a través de la aplicación o el portal de la empresa, aunque aclaró que el servicio no contempla comisiones para trabajadores ni para la institución.
Este contexto se suma a cuestionamientos públicos recientes sobre la participación de Broxel en distintos esquemas en la entidad. De acuerdo con reportes periodísticos, autoridades federales investigan a la empresa relacionada con la operación de la Tarjeta Única en Jalisco, utilizada en servicios y programas públicos.
Asimismo, estimaciones difundidas en medios nacionales señalan que el modelo de cobro por transacción en el sistema de transporte podría representar ingresos de hasta 16 millones de pesos mensuales para la compañía.
Especialistas han advertido que la expansión de este tipo de plataformas financieras vinculadas a servicios públicos exige mayor transparencia sobre contratos, manejo de datos personales, comisiones y garantías para los usuarios.
Mientras tanto, trabajadores del sector público señalan que su principal preocupación es la certeza en el acceso a sus recursos y la protección de su información, ante la creciente dependencia de intermediarios privados en la dispersión de apoyos y prestaciones.
