Palacio Legislativo de San Lázaro, 28-06-2025.- La diputada Roselia Suárez Montes de Oca (Morena) afirmó que “el campo no sólo es la soberanía alimentaria de México, sino que significa seguridad nacional”, por lo que es necesario reformar el artículo 27 de la Constitución Política, a fin de restituir la propiedad social y garantizar los derechos campesinos.
Lo anterior, durante el “Foro Asamblea Nacional por la unidad campesina para la deliberación y promoción de la iniciativa de reforma al Artículo 27 Constitucional”, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados con una jornada de trabajo de dos días.
La legisladora mencionó que el objetivo de esta reforma es recuperar la propiedad social; sin embargo, también es necesario un compromiso entre el gobierno y los campesinos para garantizar la soberanía alimentaria.
Compartió que, desde su experiencia como hija de campesinos y residente en Estados Unidos, comprende la necesidad de invertir en el país para frenar la migración forzada. “No podemos permitir una migración por falta de un apoyo que tengamos del gobierno”.
Por su parte, René Sánchez Galindo, director jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), explicó la relevancia histórica y jurídica del artículo 27, así como la pertinencia de avalar esta reforma que representa “una especie de segundo piso” al reconocer no sólo la propiedad privada, sino también la propiedad social.
Explicó que se busca constitucionalizar el derecho de ejidos y comunidades indígenas a tener propiedad social, al nivel de privada. “Esta propuesta lo que está estableciendo es que sí, la nación tiene el dominio originario […] pero también a los ejidos la propiedad social”.
Añadió que al incluir en el texto constitucional el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico evitaría la especulación de los recursos nacionales. “Que no anden especulando y consiguiendo dinero y vendiendo nuestras tierras si nosotros ni sabemos nada”.
José Jacobo Femat, coordinador de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, y de la Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social, recordó que desde las reformas de 1992 se eliminó el reconocimiento constitucional a la propiedad social y se desmanteló a las instituciones que apoyaban al campo.
“Todo el gobierno neoliberal buscó desaparecer a la clase campesina […] Es momento de recuperar nuestra capacidad organizativa. El objetivo inicial de esta unidad debe ser alcanzar la reforma al artículo 27”, subrayó.
Por su parte, José Luis Castro González, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), recalcó que esta iniciativa reconoce a los ejidos y comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Afirmó que este cambio tiene implicaciones profundas, como la posibilidad de recibir directamente recursos federales. “Por primera vez se está haciendo llegar recursos a los sujetos de derecho que ya están reconocidos en la Constitución”.
En el foro se realizaron conferencias magistrales de líderes campesinos, funcionarios públicos y académicos. Asimismo, se desarrollaron mesas de discusión sobre los temas: “Propiedad originaria del Estado”; “Propiedad social”; y “Deberes del Estado”.
Las y los participantes enfatizaron que la reforma al artículo 27 constitucional, es esencial para garantizar la soberanía alimentaria, la justicia agraria y el reconocimiento pleno de los derechos colectivos de las y los campesinos, así como de los pueblos indígenas.
