El fin del paro laboral de 370 días en el Nacional Monte de Piedad no trajo el respiro económico que esperaban miles de familias, ya que al acudir a las 300 sucursales reabiertas en las 32 entidades del país, los usuarios se toparon con una realidad distinta a la de los promocionales: adeudos que prácticamente duplicaron su saldo original y un plazo perentorio de 15 días naturales para liquidar antes de que sus prendas fueran canalizadas a remate.
El conflicto gremial que estalló el 1 de octubre de 2025 paralizó la entrega física de bienes y dejó bajo resguardo millones de contratos prendarios en todo el territorio nacional. Aunque la institución mantuvo habilitados los canales de pago a distancia mediante bancos y tiendas de conveniencia, una parte importante de la clientela optó por suspender sus aportaciones ante la falta de certidumbre sobre cuándo volverían a operar las sucursales o sobre si existía el riesgo de no recuperar sus pertenencias.
Con la reactivación del servicio, el personal administrativo en ventanilla comenzó a exigir el pago de los intereses ordinarios devengados durante los doce meses en que las instalaciones permanecieron con banderas rojinegras.
Esta medida provocó la inconformidad de clientes que documentaron incrementos drásticos en sus cuentas: refrendos que antes del paro estaban fijados en 2 mil 641 pesos pasaron a exigir cobros superiores a 5 mil 180 pesos para evitar la pérdida de piezas de joyería. La molestia se profundizó por la opacidad con la que la dirección general, encabezada por José Antonio Murillo Garza, gestiona los beneficios publicitados. Aunque la institución difundió un plan de contingencia con 45 días sin cobro de intereses para trámites específicos y descuentos de entre 45 y 75 por ciento según la antigüedad del contrato, en ventanilla los usuarios señalaron que los empleados omiten transparentar el desglose de dichos apoyos y se limitan a emitir una cifra global que sigue resultando considerablemente mayor a la deuda inicial.
Para los afectados, la medida traslada a la economía familiar el costo financiero de un litigio laboral interno de la institución, por lo que grupos de usuarios adelantaron que solicitarán la intervención de instancias defensoras del consumidor para frenar las órdenes de comercialización y transparentar los cobros aplicados tras el año de cierre forzoso.
