- La tarjeta condiciona el acceso al subsidio del transporte público en la entidad y que implica el tratamiento de datos personales y biométricos de millones de usuarios.
La empresa Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo, volvió a colocarse en el centro de investigaciones tras ser contratada para operar la “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”, programa que condiciona el acceso al subsidio del transporte público en la entidad y que implica el tratamiento de datos personales y biométricos de millones de usuarios.
El esquema establece que quienes utilicen la tarjeta pagarán 11 pesos por viaje, mientras que aquellos que no cuenten con el plástico deberán cubrir una tarifa de 14 pesos. En el caso de estudiantes, el costo queda en 5 pesos. Sin embargo, para obtener la tarjeta, los usuarios deben realizar un registro obligatorio en línea que, aunque se encuentra habilitado desde el 12 de enero, desde su apertura, presentó saturación y fallas técnicas.
Además, el proceso tiene un punto ineludible, donde no es posible avanzar si no se aceptan los términos y condiciones y el aviso de privacidad establecidos por Broxel. De acuerdo con esos documentos, la empresa queda autorizada para recopilar y tratar datos personales y biométricos de los usuarios. La información incluye nombre, identificación oficial, domicilio, así como huellas dactilares, reconocimiento facial, iris, patrón de voz, firmas y, en determinados casos, videograbaciones.
El aviso de privacidad también prevé que la información recabada pueda utilizarse para estudios de mercado, análisis de consumo y promoción de productos financieros de la propia empresa, incluidos créditos. La aceptación de estas condiciones resulta obligatoria para acceder al subsidio del transporte público.
Mientras que el plano financiero, el contrato contempla que Broxel reciba una comisión mensual de 5.45 pesos por cada tarjeta activa. La licitación LPN 690/2025 considera hasta cinco millones de tarjetas y una vigencia que se extiende hasta el año 2030. A ello se suman cargos directos a los usuarios por reposición del plástico, transferencias, recepción de remesas y pago de servicios.
Al respecto, el Congreso del Estado exhortó al gobernador Pablo Lemus a vetar el aumento de la tarifa y a revisar los fundamentos técnicos y presupuestales del ajuste. Los legisladores pidieron al Consejo de Participación Ciudadana y Popular convocar un referendo sobre la tarifa y la tarjeta, luego de recabarse más del 250% de las firmas necesarias. Además, se formó una comisión especial para auditar el servicio y el contrato con Broxel.
En el caso también interviene la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), quien inició una investigación de oficio sobre la tarjeta, además de solicitar información a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para detectar posibles fallas u omisiones en la entrega y operación.
A nivel federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene bajo investigación la licitación LA-06-400-006400001-N-19-2025 de vales electrónicos de despensa para trabajadores federales adjudicada a Broxel, tras una inconformidad presentada por otra empresa participante por presuntas irregularidades en la propuesta económica.
Este antecedente se suma a las preocupaciones que han surgido en Jalisco sobre el alcance del programa de transporte, el manejo de datos sensibles y el modelo de negocio de la empresa encargada de operar el sistema. El acceso a un beneficio público queda condicionado a la aceptación de un esquema financiero privado.
