Anderson Olivares de Oliveira, fue arrestado el pasado 5 de julio por su participación en un presunto fraude de 10 mdd
En México se encendieron las alertas sobre extranjeros que sin estar autorizados, consiguieron contratos en sectores estratégicos, esto a raíz de la detención del directivo brasileño de la firma fintech Dock, Anderson Olivares de Oliveira y las investigaciones en contra de Thiago de Magalhaes, presunto gestor de contratos públicos para Grupo Surman.
Olivares de Oliveira fue arrestado el 5 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por su presunta participación en un fraude financiero por 10 millones de dólares, que estaría ligado a desvíos de recursos y falsificación de documentos, por lo que permanece en el Reclusorio Sur. Será este viernes cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso.
Al respecto, la empresa Dock sostuvo que el caso de su directivo se trata de “una disputa mercantil por una compraventa de acciones”, aunque será el juez de control quien determine si existen los elementos necesarios para su vinculación a proceso.
El caso de Olivares podría escalar a nivel internacional de demostrarse su implicación en el fraude financiero, sin olvidar que ocurre en medio del escrutinio internacional sobre la transparencia del sector financiero mexicano.
Por su parte, el otro brasileño Thiago De Magalhaes se le señala por la gestión de contratos públicos a nombre de Grupo Surman, empresa ligada a la venta y arrendamiento de vehículos oficiales. Las investigaciones advierten que habría participado en negociaciones con dependencias del gobierno federal, entre ellas, áreas de seguridad nacional.
De acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera, el artículo 6 señala que en sectores clave como transporte terrestre, turismo y carga, la participación extranjera requiere de la autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, ya que la inversión está reservada exclusivamente para ciudadano o entidades mexicanas.
Magalhaes estaría violando la legislación mexicana al no contar con la autorización que se establece dentro del marco jurídico, especialmente al tratarse de contratos que involucran equipos y servicios asignados a la seguridad nacional.
Ante ello surge la inquietud sobre la deficiencia de los mecanismos de control tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores como en otras dependencias que permiten a extranjeros intervenir en sectores vulnerables como lo es la seguridad.
