Susana Sánchez Segura
- La falta de armonización legislativa, la desinformación y los obstáculos en los servicios de salud continúan afectando principalmente a mujeres, adolescentes y niñas.
En los últimos años, México ha registrado avances importantes en materia de derechos reproductivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización del aborto a nivel federal, estableciendo un precedente clave para garantizar la autonomía y la salud de las mujeres.
Sin embargo, la realidad en distintos estados del país muestra que el reconocimiento legal no siempre se traduce en acceso efectivo a los servicios de salud. En algunas entidades, pese a que el aborto ya ha sido despenalizado, los códigos penales y los marcos normativos locales aún no han sido plenamente armonizados, lo que genera incertidumbre y barreras para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Testimonios anónimos recabados en tres entidades revelan prácticas institucionales que contradicen los criterios establecidos a nivel federal y que provocan retrasos, desinformación y riesgos para la salud de quienes solicitan el servicio.
“Cuando acudí al hospital para realizarme una ILE me dijeron que necesitaba autorización judicial, aunque la ley no lo exige. Salí confundida y con miedo. Perdí casi tres semanas buscando orientación”, relata Mariana N., joven de 19 años. “Sentí que el sistema estaba diseñado para que desistiera”.
Experiencias como esta evidencian que mujeres, adolescentes y niñas enfrentan desinformación institucional, solicitudes de requisitos que no están contemplados en la ley y la aplicación de objeción de conciencia sin garantizar personal médico disponible, lo que provoca retrasos que pueden poner en riesgo su salud.
Sandy N., de 24 años, comparte una experiencia que refleja la gravedad de estas barreras. “Tenía casi dos meses de embarazo y todo parecía normal, hasta que empecé con un sangrado muy abundante y un dolor intenso. Mi pareja llamó a una ambulancia y me llevaron al hospital más cercano, pero se negaron a atenderme porque dijeron que era un aborto y ahí no estaba permitido. Tuvimos que pedir otra ambulancia; yo ya me sentía muy mal. Cuando llegamos a otra clínica, me había desmayado. Sentí que me moría. No es justo que te nieguen atención en una emergencia”.
De acuerdo con la Cámara de Diputados, la Ley General de Salud reconoce los servicios de salud reproductiva y establece obligaciones institucionales en la materia. No obstante, la falta de actualización normativa en algunas entidades genera incertidumbre tanto para las usuarias como para el propio personal de salud.
“Sin armonización legislativa clara y capacitación uniforme, persisten interpretaciones restrictivas que afectan el acceso oportuno”, señala Paula Rita Rivera Núñez, gerente operativa de Telefem.
Las adolescentes enfrentan obstáculos adicionales. “Mi hija tenía 15 años y fue víctima de violencia sexual. Nos pidieron documentos que no correspondían y nos hicieron repetir su historia varias veces. Fue revictimizada”, comparte Ana N., madre de familia con residencia en Tlaxcala.
La Organización Mundial de la Salud ha advertido que las barreras administrativas, legales y territoriales incrementan las inequidades en el acceso a servicios de aborto seguro.
En este contexto, organizaciones de acompañamiento como Telefem ofrecen consejería confidencial y basada en evidencia científica, además de orientar a las usuarias sobre las rutas legales disponibles y conectar con profesionales de la salud que pueden brindar acompañamiento durante el proceso. El método recomendado por la OMS para la interrupción temprana del embarazo tiene una efectividad cercana al 98%.
“La SCJN ha reiterado que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional. Mientras no exista armonización legislativa y capacitación uniforme en todo el país, el acceso seguirá dependiendo del lugar de residencia”, subraya la gerente de Telefem.
Las historias anónimas reflejan una constante: el derecho reconocido en la ley no siempre se traduce en acceso efectivo. Para las mujeres que viven en estados donde la legislación aún no está armonizada, garantizar información clara, eliminar requisitos indebidos y fortalecer la capacitación institucional siguen siendo pendientes urgentes en materia de salud pública y derechos humanos.
