Un grupo empresarial mexicano vinculado a la familia Landsmanas, encabezado por Jack Landsmanas Stern, figura en investigaciones relacionadas con la venta de alimentos con sobreprecios destinados a Venezuela, dentro del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El caso forma parte de una serie de indagatorias que documentan la participación de intermediarios privados en contratos de importación de alimentos durante el gobierno de Nicolás Maduro.
La destitución de Alex Saab como ministro de Industria y Producción de Venezuela reactivó líneas de investigación abiertas en torno a las empresas que participaron en la cadena de suministro del programa CLAP. Saab, empresario colombiano sancionado desde 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue señalado por autoridades estadounidenses como operador de una red de contratos inflados para la importación de alimentos. En ese entramado aparecen compañías ligadas al Corporativo Kosmos, el grupo empresarial de la familia Landsmanas.
Kosmos y otras firmas relacionadas habrían participado en la exportación de alimentos a Venezuela mediante esquemas de intermediación que incluyeron empresas offshore y contratos con precios por encima del valor de mercado. Estas operaciones motivaron indagatorias tanto en México como en Estados Unidos.
La familia Landsmanas, conocida en México por su presencia en la industria alimentaria y por contratos públicos de distribución en cárceles mexicanas, ha estado en la mira de ambos países.
De acuerdo con El Financiero, en México, desde los últimos meses de la gestión de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República, se abrió una investigación en la que se señaló la presunta complicidad de altos funcionarios cercanos al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Señala el diario que el vínculo entre Landsmanas y Saab no se traduce necesariamente en una relación comercial formal directa; sin embargo, ambos aparecen mencionados en investigaciones sobre las cadenas de negocios vinculadas a los contratos para los CLAP, por sospechas de financiamiento irregular, incluso bajo la categoría que Estados Unidos emplea para investigar posibles vínculos con actividades de financiamiento al terrorismo por su relación con el régimen venezolano.
Desde 2019, autoridades mexicanas habían iniciado investigaciones que incluyeron a cerca de 23 empresas por lavado de dinero, triangulaciones financieras y ventas de productos a precios inflados, asociadas con el envío de alimentos desde México a Venezuela.
La familia Landsmanas ha negado reiteradamente tener vínculos con Saab o participar en negocios ilícitos relacionados con los CLAP, sosteniendo que sus operaciones comerciales obedecen a actividades legítimas dentro del sector alimentario.
En este contexto, también se ha documentado la relación de Jack Landsmanas con Turbofin, empresa dedicada al arrendamiento de vehículos que ha obtenido contratos públicos de alto monto en diversas entidades del país. Turbofin es propiedad de Aby Lijtszain y Bernardo Lijtszain, quienes también controlan Grupo Traxión, compañía del sector transporte y logística que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.
Traxión, al operar como empresa pública, está sujeta a obligaciones de revelación financiera ante inversionistas y autoridades bursátiles. Turbofin, en cambio, opera como empresa privada y ha sido señalada en reportes periodísticos por la adjudicación de contratos sin licitación para el arrendamiento de patrullas y vehículos oficiales, lo que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación utilizados y las redes empresariales involucradas.
