Para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es «inaceptable» y «carente de sustento» la consideración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acerca de que el delito de desaparición forzada en México sea sistemático y generalizado.
En un comunicado, la Cancillería dio a conocer esta postura en respuesta a una próxima solicitud de información por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que activó un protocolo urgente para nuestro país en abril de este año.
La SRE reiteró su «rechazo» a cualquier señalamiento o insinuación de que el Estado mexicano sea responsable de desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas. Además, aseguró que la actual administración «no promueve, ni se tolera la desaparición forzada», y enfatizó que «el servidor público que incurra en este delito, sin excepción, será investigado y en su caso, será sancionado conforme a la ley».
Indicó que el gobierno federal destaca su colaboración con colectivos y familiares de personas desaparecidas en el marco de nuevas iniciativas de ley para atender este «flagelo» de manera integral, incluyendo a las víctimas indirectas.
Además, sostuvo que en conjunto con la Secretaría de Gobernación (Segob) continuarán cooperando con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y darán respuesta puntual a la solicitud de la ONU.
HACE MÁS DE 75 DÍAS
Fue el pasado 4 de abril, cuando el CED de la ONU activó por primera vez en su historia un procedimiento de comunicación urgente contra México, basado en el artículo 34 de la Convención.
Olivier de Frouville, presidente del organismo, informó que el Comité «recibió información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”.
De esta manera, la primera medida, según la legislación de la ONU, será solicitar información al Ejecutivo federal sobre este fenómeno y, es que, este protocolo ha sido calificado como «inédito» por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y como «el más extremo» del Comité por parte del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Ambos organismos mencionan que esta activación es un reconocimiento de la «preocupante situación que ha vivido México en materia de desaparición por años» y que abre la posibilidad a un escrutinio internacional que ayude a las familias a acceder a la verdad y la justicia.
HUBO UNA ALERTA EN 2022
Es importante señalar que el CED había alertado desde abril de 2022 sobre la «impunidad casi absoluta» en México en casos de desapariciones y había solicitado al gobierno una mayor sensibilidad con las víctimas y la rápida aplicación de recomendaciones.
Con base en el informe de aquella vez, el CED remarcó que, si bien el crimen organizado es el principal perpetrador, el Estado mexicano también es responsable «cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad».
La impunidad fue descrita como un «rasgo estructural» que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones. La ONU-DH México también destacó que este recurso no se habría adaptado si nuestra nación hubiera implementado la Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, recomendada por el CED en su visita de 2021, donde se consideró el fenómeno como sistemático.
Tras un esfuerzo por abordar la problemática, la Segob anunció el pasado 23 de junio, la incorporación de 30 modificaciones a 23 artículos de la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición. Estos cambios, dijo, son el resultado de un «proceso de escucha intenso e inédito» que incluyó 84 mesas de diálogo con la participación de más de mil personas, entre familiares de víctimas, colectivos, dependencias federales y expertos.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentran: la obligación de iniciar de inmediato una carpeta de investigación ante cualquier reporte de desaparición, el reconocimiento legal del concepto de «familia social» y «nombre social», la creación de una Plataforma Única de Identidad para integrar bases de datos, el establecimiento de obligaciones forenses para todas las instituciones que resguardan restos humanos, y la inclusión de acciones de bienestar para hijos e hijas de personas desaparecidas.
No obstante, a pesar de los esfuerzos, algunos colectivos expresan dudas sobre la profundidad de estas modificaciones, argumentando que la ley es sólo una «primera parte» y que «falta muchísimo» en la construcción de políticas públicas y protocolos.
GRAVE CRISIS EN EL TEMA
La negación de este miércoles por parte de la SRE y los esfuerzos legislativos del gobierno se dan en un contexto de una grave crisis de desapariciones en México. El número de personas con paradero incierto y no localizadas aumenta drásticamente, pasando de 98 mil 877 en 2022 a 123 mil 808 hasta el 11 de marzo de este año, donde Jalisco encabeza la lista.
Otro problema es que los centros forenses del país están desbordados e incapaces de una adecuada identificación de los restos humanos. Un ejemplo reciente de la magnitud de esta crisis es el hallazgo, el pasado 5 de marzo, de un presunto «campo de exterminio» en Teuchitlán, Jalisco, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se encontraron restos óseos, 200 pares de zapatos, prendas de vestir, instrumentos de tortura y tres hornos crematorios. Este sitio fue descrito por sobrevivientes como un «infierno».
