Alejandro Envila Fisher
El accidente que acabó en tragedia en San Pedro Garza García tiene responsables y por lo tanto demanda preguntas que los actores políticos no quieren hacerse en público; los opositores para evitar otra acusación de lucrar políticamente con una tragedia, y los gubernamentales para no complicar, aún más, la posición del partido que ha jugado de esquirol todo el sexenio, pero de forma más evidente durante el proceso electoral: Movimiento Ciudadano.
El asunto es simple: La advertencia de vientos muy fuertes y posibles tornados en la zona, hecha ese mismo día temprano por el Servicio Meteorológico Nacional, pública y ya bien conocida, era todo lo que se necesitaba para suspender un evento que, dadas las condiciones climatológicas, ponía en riesgo a sus asistentes y participantes. Más aún, las propias reglas de Protección Civil vigentes en Nuevo León obligan a suspender los eventos al aire libre ante una advertencia de este tipo, según lo han declarado autoridades administrativas del estado desvinculadas de las agendas políticas. Pero no hubo suspensión.
Nada de lo que dictan el sentido común, los protocolos y los reglamentos vigentes, se observó en San Pedro. Se trataba de un mitin del partido en el gobierno, de la candidata a presidenta municipal del municipio más rico del estado, quien además forma parte de una de las familias político-empresariales más influyentes de Nuevo León, y al que asistía Jorge Álvarez Maynez, el candidato presidencial naranja fosfo, la supuesta figura emergente de la elección presidencial que hoy juega un papel clave: dividir el voto opositor.
Para efectos políticos y prácticos, el evento de cierre de campaña de Lorenia Canavati, era un acto proselitista de Álvarez Maynez, organizado en el acaudalado San Pedro Garza García, espacio simbólico del poder económico del estado que, con mucho orgullo y muy poco aseo, gobierna Samuel García. En esas condiciones, la cúpula político partidista de Nuevo León y de Movimiento Ciudadano, tomaron la decisión de seguir adelante con su evento sin importar los riesgos de Protección Civil que existían y ellos conocían. El resultado es de nueve muertos, 27 lesionados que el viernes seguían hospitalizados, más otros 50 que ya fueron dados de alta. De ese saldo hay responsables directos e indirectos, por más que se busque omitir el tema recurriendo a la hipocresía.
Aparte de todas las advertencias ignoradas por los políticos naranjas de Nuevo León, encabezados por el candidato presidencial y el gobernador, está la intensa campaña mediática del propio mandatario para controlar daños anunciando paliativos y consuelo a familiares , amigos de los fallecidos y de los lesionados.
Pero el accidente de San Pedro Garza García no es un caso fortuito ni de fuerza mayor. Lo que ocurrió estaba advertido con criterios científicos, se previó y era evitable. Por eso, la culpa no es de la naturaleza y la responsabilidad es de las personas que organizaron el evento, así como de las autoridades municipales y estatales que no lo suspendieron a pesar de los reportes de alerta del Servicio Meteorológico Nacional
Justo por eso no solo es válido, sino obligado preguntar ¿De dónde saldrá el dinero para enfrentar la tragedia que, de forma inmediata, anunció el gobernador?
García ya anunció, antes de que la sorpresa por la tragedia diera espacio a la reflexión, que su administración se haría cargo de los gastos funerarios por los fallecimientos, así como de los gastos hospitalarios de los lesionados. Agregó que habría una indemnización de $400 mil para los deudos de cada muerto y de $100,000 para cada lesionado. Habló de que “la Tesorería” generaría un fondo para cubrir estos gastos y para garantizarle becas a los hijos de las personas que murieron en el accidente.
Todo suena muy humano nadie estaría en contra de que exista apoyo para quienes resultaron afectados, pero ese sospechoso gesto de humanismo de un funcionario que conduce un auto ilegal, no puede sustituir ni la investigación, ni el juicio que asigne responsabilidades, civiles y penales, a quienes corresponden.
Una investigación objetiva y que deje a un lado el humanismo oportunista con que se pretende rodear el asunto, indicaría que si hubo advertencia climatológica y esta no se atendió, hay responsabilidad, administrativa primero, civil después y penal porque hay lesionados y muertos, lo que lo convierte, sin dudas, en un caso de negligencia criminal.
Objeto de la investigación serían, por supuesto la empresa que instaló el templete, pero antes que ella las personas que organizaron el evento y decidieron no suspenderlo a pesar de las alertas de tornados, además de las autoridades municipales y estatales que toleraron que el mitin político de su partido siguiera adelante, a pesar de esas criminales condiciones de inseguridad.
Movimiento Ciudadano, el partido del gobernador, de Dante Delgado y de Jorge Álvarez Maynez, tiene muchas explicaciones que ofrecer y muchas responsabilidades que asumir. De entrada, los gastos funerarios y médicos, así como las indemnizaciones a deudos y heridos, deberían cubrirse con dinero de quien organizó y no suspendió el evento: el partido naranja, y no con dinero del erario de Nuevo León, por generosos que sean su pueblo y su gobernador.
Si además, el partido de Dante Delgado y Samuel García se ve comprometido porque se finca responsabilidad a algunos de sus funcionarios, y si eso acaba de desbarrancar la campaña de Jorge Álvarez Maynez, el esquirol de la contienda electoral, que así sea.
@Envila Fisher
