En un paso histórico, la Iglesia en Argentina ha concluido el proceso de prescindencia de los fondos estatales al finalizar el año. Tras décadas de debates internos, planes de autosostenimiento y críticas por su dependencia del Estado, la institución religiosa ha decidido no recibir más ayuda gubernamental, a pesar de las disposiciones constitucionales y leyes de la última dictadura que respaldaban dicho respaldo financiero.
Este proceso de prescindencia comenzó hace cinco años, coincidiendo con el primer debate sobre la legalización del aborto impulsado por el presidente Mauricio Macri. En ese momento, en medio de la oposición de la Iglesia a la iniciativa, una parte de la sociedad lanzó la campaña «pañuelos anaranjados», que abogaba por la «separación Iglesia-Estado» y, en la práctica, el fin de la contribución estatal a la institución católica.
El impulso final se dio con un informe presentado al Congreso en 2018 por el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien fue interpelado por la diputada Carla Carrizo, defensora de la legalización del aborto. Poco después, la Conferencia Episcopal anunció formalmente el inicio del proceso de renuncia a las asignaciones estatales.
Aunque el monto del aporte estatal no era significativo, la renuncia implica un cambio hacia el autosostenimiento, con los fieles financiando su religión. Esta medida afecta alrededor de un centenar de arzobispos y obispos que recibían asignaciones mensuales, así como a párrocos de frontera y seminaristas que también obtenían ayuda.
La decisión no solo marca un hito en la relación entre la Iglesia y el Estado, sino que refuerza la independencia financiera de la institución religiosa. La implementación de un plan de autosostenimiento será crucial en este nuevo capítulo, donde los propios fieles asumirán el papel principal en el respaldo económico de la Iglesia. De paso, está en línea con la advertencia del presidente Javier Milei, quien busca reducir por todos los frentes los gastos públicos.
