La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ha negado a suspender la convocatoria de los partidos PAN, PRI y PRD para seleccionar al responsable de la construcción del Frente Amplio por México. En cambio, por mayoría de votos, ha ordenado al Instituto Nacional Electoral (INE) emitir lineamientos para regular y fiscalizar las actividades de aquellos que aspiren a la candidatura presidencial por parte de cualquier bloque político.
Estos lineamientos deberán incluir una fiscalización especializada para vigilar el origen y el uso de recursos en los procesos y actividades derivados de las convocatorias. El objetivo es garantizar la certeza, transparencia y rendición de cuentas en dichos procesos.
El magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, junto con los magistrados Felipe Fuentes e Indalfer Infante, votaron en contra del proyecto presentado por su colega Janine Otálora que proponía la suspensión inmediata de las actividades de los aspirantes a la candidatura presidencial del frente, argumentando que buscaban defraudar la ley y establecer un sistema paralegal al mandato constitucional.
Por otro lado, Fuentes e Infante respaldaron la propuesta de Rodríguez Mondragón de que el INE regule las acciones de todos los partidos y documente la propaganda en bardas, transporte público y espectaculares. Además, se solicita que se informe sobre el origen de los recursos destinados a estos materiales.
Otálora argumentó que “el proceso de selección del Frente Amplio por México implica la exposición de los aspirantes ante los militantes, simpatizantes y ciudadanos, a quienes incluso se les solicitará un apoyo expreso, además de que los participantes deben presentar su visión sobre México”.
Sin embargo, los magistrados coincidieron en que las actividades de los integrantes del frente forman parte de un proceso intrapartidista y de su libertad de auto organización, ejerciendo su derecho a involucrar a los ciudadanos en la promoción de la democracia.
El diputado presidente, Reyes Rodríguez, afirmó que la propuesta de Otálora es “una solución correcta y ética”, pero considera que no es la única forma de abordar la situación. Aunque reconoce que la convocatoria y el proceso pueden vulnerar la equidad en la contienda electoral, no comparte la urgencia de suspender todas las actividades.
Se espera que el INE emita los lineamientos solicitados en un plazo de cinco días, definiendo las reglas necesarias para identificar este tipo de actividades y sirviendo como protocolos y herramientas para los organizadores y participantes. Los magistrados advierten que la emisión de lineamientos no implica impunidad para los actos de los aspirantes.
