En el marco de la Comisión permanente del Congreso General de la República, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez suscribió una iniciativa para reformar el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de disminuir los salarios de los ministros.
En su exposición de motivos el diputado federal argumenta que “la renuencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por bajarse sus salarios es una muestra más de su falta de compromiso ético y moral con el pueblo de México. Es un acto simbólico que demuestra la conversión de la SCJN en un poder al servicio de intereses personales y de la oligarquía. No responden a los intereses del pueblo.”
Por otro lado, apunta que los ministros de la Suprema Corte de Justicia han demostrado deshonestidad y falta de probidad, así como un actuar poco ético y bajo compromiso social al autootorgarse amparos a para dejar de ajustarse a la constitución en un abieto conflicto de intereses.
Argumenta que, de acuerdo con diversos medios periodísticos, en 2022 había 5 mil amparos contra la austeridad del presidente, lo cual es una acción poco ética por parte de funcionarios públicos que deberían servir al pueblo de México y no servirse de los impuestos de la gente. De los servidores públicos que se habían amparado, tres cuartas partes pertenecen al poder judicial.
Expresó que el gremio del poder judicial tiene la batalla perdida, pues sus ambiciones personales y de grupo no tienen ningún fundamento constitutional, ético, moral ni social. Tienen la batalla perdida contra el pueblo de México y, les guste o no, tendrán que ajustarse a la austeridad republicana pues es un mandato de las y los mexicanos que se cristalizó en 2018 en las urnas con la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Concluye el diputado diciendo que los funcionarios del poder judicial deben ganar menos que el Presidente de la República, pues nadie trabaja más que él, además, el nivel de responsabilidad del Presidente es mucho mayor al de cualquier funcionario del poder judicial.
