El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados tiene como prioridad la aprobación de la reforma impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que contempla revocar concesiones y permisos mediante una cláusula de terminación anticipada.
Los legisladores buscarán concretar la aprobación de dicho dictamen, presentado por el Ejecutivo el pasado 28 de marzo, la siguiente semana, antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones, es decir antes del 30 de abril.
Cabe mencionar que dicha iniciativa despertó cierta preocupación en el sector empresarial, ya que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) previó que los costos de los proyectos se incrementarán, debido a los altos riesgos que significará prestar servicios a entidades gubernamentales.
Por su parte, el secretario de la Comisión de Hacienda, Salvador Caro Cabrera, diputado por Movimiento Ciudadano, advirtió que el objetivo central de la iniciativa es tener control sobre los proveedores y terminar el contrato de bienes y servicios bajo cualquier razón.
“La iniciativa hace que los proveedores en términos de obras públicas o de bienes y servicios queden sujetos a lo que determine el sector de gobierno que los está contratando. Esta iniciativa tenía sentido como apertura de sexenio, pero ya es el último tramo. Ya no inician proyectos. ¿Por qué lo presenta ahorita? Por el control sobre los proveedores”, afirmó.
En tanto, el diputado de Morena y secretario de la Comisión de Hacienda, Daniel Gutiérrez, negó que la iniciativa represente discrecionalidad por la “cláusula exorbitante” o facultades del jefe del Ejecutivo para la asignación de contratos.
El legislador agregó que existen contratos ventajosos que afectan a la población y han causado daños patrimoniales.
“Hay concesiones que se han dado que lejos de beneficiar al país lo perjudican. Es una facultad que tiene la parte administrativa del Poder Ejecutivo, pero eso no afecta la estabilidad de las empresas”, señaló.
La iniciativa se centra en tres puntos: revisión de actos de corrupción, prevención de actos lesivos al interés público o que puedan dañar al erario y el fortalecimiento de la administración pública federal.
Contempla reformas a 23 leyes que rigen las relaciones de los particulares con el Estado en materia de licencias, permisos, concesiones, contratación y licitaciones públicas nacionales e internacionales.
