A partir de diciembre de 2022 los vehículos que son utilizados por el Poder Judicial han disminuido su blindaje, de acuerdo a las distintas normas nacionales e internacionales, es decir, que su efectividad se ha reducido para resistir cualquier embate de la delincuencia.
Se trata de 149 vehículos que operan sin garantía de protección al personal asignado a través de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal.
Jueces, magistrados, personal de la dirección general de Gestión Administrativa, Centros de Justicia Penal y funcionarios de mando superior, quienes por la naturaleza de sus funciones se sitúan en un entorno de riesgo, han tenido bajo su tutela vehículos blindados para permitirles desempeñar sus actividades de manera adecuada.
Los modelos de los automotores van entre el 2010 y 2017, cuyas garantías habituales se compone de cinco años para blindaje opaco (partes internas como postes, techo, puertas) y tres años para el transparente (cristales, generalmente de polímero), lo que significa que todos los autos blindados del Poder Judicial se encuentran fuera de norma.
Es importante destacar que, por regla general se establece un periodo de vida útil de cinco años, por lo tanto, se debe considerar el costo-beneficio en caso de rehabilitar el parque vehicular, con el fin de proteger la seguridad de los trabajadores.
