Por Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista y director general de Gobierno de Calidad, consultoría de políticas públicas.
México vivió durante décadas bajo un sistema procesal escrito: lento, opaco y profundamente burocrático. La justicia avanzaba al ritmo del papel, no al de la verdad. La oralidad llegó para transparentar, agilizar y humanizar los procesos.
Pero su historia no es lineal. Presenta etapas, resistencias y consolidaciones. Hoy enfrenta nuevos desafíos tras la reforma judicial.
La oralidad comenzó a discutirse en México a principios de los años 2000, pero su impulso real llegó con la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia de 2008, que ordenó la transición hacia un sistema penal acusatorio y oral.
En ese momento, la oralidad era casi un territorio virgen: pocas escuelas la enseñaban, casi ningún litigante la dominaba, los jueces no estaban formados para audiencias públicas, los ministerios públicos no sabían construir teorías del caso, los defensores no tenían entrenamiento en contrainterrogatorio. La oralidad era un cambio de paradigma, no un cambio de formato.
Entre 2016 y 2018, el sistema acusatorio quedó implementado en todo el país. Fue un proceso desigual, pero irreversible.
La oralidad se consolidó porque obligó a jueces y fiscales a argumentar frente a las personas, transparentó decisiones que antes se tomaban en privado, profesionalizó la litigación, redujo tiempos procesales, fortaleció la teoría del caso como columna vertebral del juicio.
Escuelas como el Colegio Jurista en Cuernavaca se volvieron referentes nacionales porque entendieron que la oralidad no se aprende en la práctica.
Hoy, casi dos décadas después, la oralidad ya no es novedad. Es el estándar.
Pero enfrenta tres tensiones: Desigualdad de capacidades entre estados y tribunales.
Falta de formación continua para jueces, fiscales y defensores. Sobrecarga institucional que afecta la calidad de las audiencias.
La reforma judicial reciente: ¿qué cambió para los juicios orales?
La reforma judicial reconfiguró la estructura del Poder Judicial, los criterios de evaluación de jueces, los mecanismos de control interno y la relación entre tribunales y fiscalías.
Para la oralidad, esto implica mayor escrutinio sobre la actuación de jueces, las audiencias orales ahora están más vigiladas por órganos internos y externos y la transparencia aumenta, pero también la presión.
La reforma obliga a actualizar criterios, técnicas y estándares de litigación oral que requiere tiempo, preparación y técnica. La reforma busca redistribuir cargas, aunque aún no se logra plenamente.
Asimismo, la calidad de las audiencias y la argumentación oral ahora pesan más en la carrera judicial.
La oralidad enfrenta desafíos que no son técnicos, sino estructurales:
- Profesionalización insuficiente. Muchos operadores siguen litigando como si el sistema fuera escrito.
- Falta de cultura de argumentación. La oralidad exige claridad, lógica y persuasión. No todos los actores la dominan.
- Sobrecarga de audiencias. La saturación afecta la calidad del debate y la profundidad del análisis.
- Desigualdad territorial. Hay estados con oralidad robusta y otros con oralidad precaria.
- Resistencias internas. Algunos operadores siguen prefiriendo prácticas del sistema anterior.
Así, la oralidad transformó la justicia mexicana, pero ahora necesita una segunda revolución: la de la calidad, la técnica y la profesionalización.
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