Compradores de vivienda a través del Infonavit en el estado de Jalisco enfrentan serios problemas de incertidumbre jurídica por irregularidades en la escrituración.
Los afectados denuncian que la mayoría de los casos se concentrarán en el municipio de El Salto; donde la alcaldesa María Elena Farías se niega a cumplir resoluciones judiciales de Tribunales Federales para la recepción del fraccionamiento «El Mirador» y apertura de cuentas catastrales; lo que impide escriturar sus propiedades que adquirieron a través de créditos del Infonavit, y el goce de servicios públicos.
Por su parte, el Grupo Inmobiliario Bali (conocido comercialmente como Casas Bali o Bali de Lagos Inmobiliaria) denuncia que, el ayuntamiento de El Salto, se ha enfrascado en una serie de disputas legales; al negarse a acatar los mandatos judiciales para la liberación de catastros para que se dé certeza jurídica y acceso a servicios básicos en dicho desarrollo.
«Sin embargo, la presidenta dé El Salto, Jalisco María Elena Farías
se mofa de la autoridad al señar que en su municipio ninguna autoridad le indica lo que debe de hacer» denuncian afectados.
Los tribunales federales han emitido órdenes para obligar al Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, a concretar la recepción formal del fraccionamiento «El Mirador» y realizar la apertura de sus cuentas catastrales. Esta resolución legal responde a las demandas de certeza jurídica y acceso a servicios básicos (como alumbrado, recolección de basura y seguridad) en el fraccionamiento.
La orden de la autoridad judicial federal hacia la administración de El Salto tiene como objetivos: Regularización Fiscal: La clave catastral es indispensable para que los propietarios puedan realizar el pago del impuesto predial.
Certeza Patrimonial:
Permite avanzar en la escrituración de los inmuebles, protegiendo la inversión económica de los derechohabientes. Obliga al gobierno local a integrar formalmente el fraccionamiento a la red de servicios públicos básicos una vez cumplidos los requerimientos técnicos correspondientes.
Ante la negativa de la alcaldesa, María Elena Farías de asumir su responsabilidad y acatar los mandatos judiciales, la Constructora «Bali» y habitantes del fraccionamiento «El Mirador» demandan la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el estado de derecho y acabar con la zozobra legal en la que se encuentra miles de familias en dicho fraccionamiento ubicado en la calle Heliodoro Hernández Loza s/n en la colonia el Potrero El Guamúchil, frente al Fraccionamiento La Azucena en El Salto.
¿Qué implica la orden del juez federal?
El fallo judicial tiene un impacto directo e inmediato en el proceso de regularización de los inmuebles:
Desbloqueo administrativo obligatorio: El Ayuntamiento y la Dirección de Catastro Municipal están obligados a levantar cualquier restricción técnica o jurídica que mantuviera congeladas las claves de los predios
Emisión de traslados de dominio: Al reactivarse el catastro, el municipio debe permitir el cobro del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, paso indispensable para formalizar cualquier propiedad
Luz verde para los notarios: Con la información catastral liberada y actualizada, los notarios públicos asignados ya cuentan con las facultades legales para elaborar y firmar las escrituras definitivas.
