La Comisión Europea impuso una nueva multa a Google este jueves, tres semanas después de la anterior. Ahora, el gigante tecnológico deberá pagar con 890 millones de euros o mil millones de dólares.
La multa se debe a que se determinó que Google infringió la Ley de mercados digitales de la Unión Europea (UE) al configurar la Google Play Store y su omnipresente motor de búsqueda para encauzar a los consumidores hacia sus propios servicios y aplicaciones en detrimento de los de la competencia, «a menudo más baratos», señala un comunicado.
En este sentido, la Comisión impuso a Google multas de 460 millones de euros (523 millones de dólares) por el funcionamiento del motor de búsqueda y 430 millones de euros (489 millones de dólares) por la tienda de apps, respectivamente.
Alphabet, compañía matriz de Google, reportó ingresos de 403 mil millones de dólares en 2025 a nivel global.
Aunque no le guste a Trump
Esta es la más reciente ofensiva de Bruselas contra las grandes tecnológicas, en una estrategia con la que ha liderado a nivel global a la hora de poner límites a algunas de las mayores empresas del planeta, así estén afincadas en el Silicon Valley o en Beijing.
Lo ha hecho pese al riesgo de incurrir en la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha arremetido contra las regulaciones digitales del bloque de 27 países en el marco de una campaña más amplia contra Europa: impuso altos aranceles, amenazó con arrebatarle Groenlandia a Dinamarca e hizo tambalearse la confianza dentro de la alianza militar de la OTAN.
En el pasado, Trump ha amenazado con represalias si se penaliza a las tecnológicas estadounidenses.
Las vicepresidentas de la Comisión Europea Teresa Ribera y Henna Virkkunen, encargadas de las políticas de Competencia y regulación digital, respectivamente comentaron a periodistas que la Comisión Europea está «obligada» a cumplir las normas comunitarias y a hacer cumplir el derecho internacional, «que está siendo cuestionado en muchas partes».
«No creo que a ninguno de nosotros, en la Comisión, se nos pudiera respetar si decidiésemos qué hacer porque alguien intente decirnos lo que tenemos que hacer o no hacer», añadió Ribera.
Defender el interés de los consumidores
Google había perdido recientemente una apelación contra una multa antimonopolio de 4 mil 500 millones de dólares que le fue impuesta por frenar la competencia y reducir las opciones de los consumidores mediante el dominio de su sistema operativo móvil Android.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque y su máxima autoridad antimonopolio, afirmó que actuaba en interés de los consumidores tras llevar a cabo una investigación sobre Google.
«Los mejores productos deberían triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda», dijo Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva.
También señaló que «los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les indiquen dónde pueden acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no se lleva una comisión».
El presidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker, arremetió contra la multa calificándola de «degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de denunciantes interesados» que afectará negativamente a las empresas y los consumidores europeos.
Logotipo de Google en el exterior de las oficinas de la compañía en Londres, Gran Bretaña, el 24 de junio de 2025. Crédito: Reuters
La Ley de Mercados Digitales del bloque obliga a Google «a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que a los europeos les encantan —como los precios instantáneos y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes— y a desmantelar las protecciones de seguridad en Google Play», añadió.
La UE describe a los siete gigantes tecnológicos globales —Amazon, Apple, Alphabet (matriz de Google), Meta, Microsoft y ByteDance (propietaria de TikTok)— como «guardianes» que controlan el acceso de los consumidores.
«En la UE, las empresas tienen derecho a competir de manera justa. Los guardianes tienen la obligación de garantizar unas condiciones equitativas y los consumidores el derecho a elegir ofertas alternativas más baratas», apuntó el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier.
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