Por Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista y director general de Gobierno de Calidad, consultoría de políticas públicas
Un funcionario inhabilitado por malversación no puede ser garante de integridad en una organización cuyo valor más alto es la confianza pública.
Entonces, la pregunta no es si esa persona “sabe” o “tiene experiencia”, sino qué tipo de experiencia tiene y qué tipo de riesgos arrastra. En el ecosistema de las ONG, donde la confianza es capital, un historial de malversación es una grieta estructural.
Existen múltiples ejemplos, pero el de Francisco Mendoza Alvear (acusado en 2013 por regidores de San Andrés Cholula de malversación de recursos públicos) es paradigmático porque fue inhabilitado en la administración pública y ahora es directivo de la consultora para figuras no lucrativas: Acompaña AC México. Él representa múltiples peligros:
- Riesgo reputacional inmediato. Una ONG que contrata a alguien con acusaciones de malversación queda expuesta a que medios, donantes y beneficiarios cuestionen su criterio ético. En el caso de Mendoza Alvear, la acusación fue pública y documentada por regidores: eso basta para activar sospechas. Más si hubo sentencia de inhabilitación, como en este caso.
- Debilitamiento de la narrativa moral. Las ONG suelen trabajar con discursos de justicia, transparencia y reparación. Un consultor con antecedentes de manejo irregular de recursos contradice esa narrativa y puede generar rechazo en comunidades vulnerables.
- Conflictos de interés heredados. Un exfuncionario acusado puede conservar redes políticas o económicas que intenten influir en la agenda de la ONG. En municipios como San Andrés Cholula, donde la política local es altamente facciosa, esto puede significar presiones, favores o alineamientos no deseados.
- Normalización de prácticas opacas. Si alguien fue señalado por malversación, es probable que haya operado en ambientes donde la discrecionalidad era norma. Ese estilo puede infiltrarse en la ONG: manejo informal de recursos, ausencia de controles, decisiones sin documentación.
- Riesgo jurídico y de gobernanza. Aunque la acusación de 2013 no implica automáticamente una inhabilitación formal, sí puede complicar auditorías, revisiones de donantes o procesos de certificación. Las ONG que reciben fondos internacionales enfrentan estándares estrictos: cualquier antecedente de manejo irregular es un foco rojo.
- Desconfianza de donantes y aliados. Fundaciones y organismos multilaterales hacen due diligence. Si detectan que un consultor clave tiene antecedentes de acusaciones por malversación, pueden congelar fondos o exigir explicaciones.
- Riesgo de captura institucional. Un exfuncionario con experiencia en estructuras de poder puede intentar replicar dinámicas de control: centralizar decisiones, manipular información y desplazar liderazgos comunitarios. Esto es especialmente peligroso en ONG pequeñas.
- Inestabilidad interna. Equipos técnicos pueden resistirse a trabajar con alguien señalado por corrupción. Esto genera fracturas, renuncias o pérdida de cohesión.
- Manipulación de agendas. Un consultor con pasado político puede intentar orientar proyectos hacia intereses personales o de antiguos aliados. En contextos municipales, esto puede significar usar la ONG como plataforma de legitimación.
- Pérdida de legitimidad ante la comunidad. Las comunidades suelen conocer los antecedentes de sus autoridades. Si la ONG contrata a alguien acusado de malversación, puede interpretarse como una traición o como una señal de que “todos son iguales”.
En si, la sombra de una acusación pública no se disipa con el tiempo. En el ecosistema de las ONG, donde la confianza es capital, un antecedente de manejo irregular de recursos es una grieta estructural que puede comprometer misión, financiamiento y legitimidad.
