Diputadas y diputados del PT afirmaron que el programa de reordenamiento del transporte implementado por el Gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, afecta a concesionarios de taxis y personas usuarias, por lo que exigieron la instalación de una mesa de diálogo para revisar la estrategia de movilidad.
En conferencia de prensa, en el Senado, en el marco de la Comisión Permanente, la diputada Margarita García García, acompañada por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de su grupo parlamentario, la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez y taxistas de Oaxaca, aseguró que el reordenamiento «es una verdadera farsa» que no beneficia ni a usuarios ni a transportistas.
Señaló que a taxistas foráneos se les impide ingresar a las inmediaciones del Centro Histórico, por lo que operan en zonas alejadas, lo que perjudica principalmente a las personas que llegan diariamente a la capital oaxaqueña para trabajar o comercializar sus productos.
«No hay una estructura en la cual se favorezca a los usuarios del transporte público ni a los taxistas foráneos. Hemos venido denunciando el famoso reordenamiento, que es una verdadera farsa.
“Es claro que no hay una estructura en la cual se favorezca a los usuarios del transporte público ni a los taxistas foráneos, a quienes se les prohibió el acceso hacia inmediaciones del Centro Histórico y que hoy los están mandando a un lugar inapropiado a las afueras de la ciudad de Oaxaca, que ha perjudicado a la gente, que camina kilómetros para llegar a sus destinos”.
Dijo que el gobierno estatal ha permitido presuntos actos de corrupción e intimidación contra las y los concesionarios. «Les han entregado este gran negocio, porque es un negocio, no es reordenamiento».
Anotó que a los operadores se les pretende cobrar más de 25 mil pesos por espacios de ascenso y descenso, además de amenazarlos con retirarles las concesiones.
Por su parte, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, expresó su respaldo a las demandas de 5 mil concesionarios de taxistas oaxaqueños afectados.
Aseveró que estos hechos son “por un capricho del gobernador y su gabinete para que se afilien a otro sindicato controlado por la delincuencia organizada, y quieren cobrar derecho de piso para que todos los concesionarios les paguen a ellos, no ingreso al gobierno, no organización vial, es un abuso, un atropello”.
Por ello, reiteró el compromiso de su bancada para acompañar la exigencia de diálogo con las autoridades estatales, a fin de que el programa de movilidad sea revisado con la participación de concesionarios, usuarios y representantes populares.
“Una raya más al tigre para ese gobernador que no es de la 4T. Es un gobernador que se siente virrey, acuérdense que tiene el control de todo, tiene el control del Congreso, del Poder Judicial y de todo absolutamente, no hay quien le diga absolutamente nada y por eso hace estos atropellos y estos abusos”.
En su oportunidad, la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez respaldó las demandas de transportistas. Afirmó que el Gobierno de Oaxaca incumplió con la obligación de consultar a los pueblos indígenas antes de implementar el plan de movilidad, por lo que “no conocemos cuál es la justificación de tal plan de movilidad, cuál es el estudio costo-beneficio del reordenamiento.
«No hizo un plan con una consulta indígena. Recordemos que en Oaxaca más del 60 por ciento es población indígena y no se le consultó, como está estipulado en la Constitución de Oaxaca».
Demandó al gobernador Salomón Jara Cruz y a la secretaria de Movilidad del estado, Yesenia Nolasco Ramírez, transparentar el proyecto y abrir una mesa de diálogo con los sectores involucrados.
«Exigimos al gobernador Salomón Jara, a su secretaria, que se siente a platicar con todas las partes, tanto con nosotros como diputados federales, también con los usuarios y servidores a dialogar y revisar ese famoso plan que nadie conoce».
Pidió que no se vulneren derechos, como el de libre tránsito y el derecho al trabajo.
En representación de concesionarios, Ulises Victoria Nolasco, taxista de la agencia Vicente Guerrero, con más de 25 años de servicio, sostuvo que el nuevo esquema busca desplazar a quienes prestan el servicio colectivo.
«Queremos la devolución de nuestras rutas para seguir trabajando de manera honesta; no nos vamos a prestar al juego de entrar a la delincuencia organizada a través de sus sindicatos».
Agregó que los concesionarios dividen la tarifa autorizada para ofrecer un servicio accesible a la población de menores ingresos y rechazó las acusaciones de que las protestas sean financiadas por terceros.
