Por Ricardo Contreras Reyes
En junio, el Gobierno Federal estrenó su sección “Derecho de Réplica”, para desmentir la información “falsa y dolosa” que publican y esparcen los medios de información, presuntamente patrocinados por la derecha.
Bajo esa premisa, Luisa María Alcalde, exlíder de Morena y decantada en la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, arremete todos los miércoles contra los medios de comunicación críticos, que investigan, contrastan y cuestionan la información oficial.
Sólo los youtubers y los mal llamados “periodistas” afines a la Cuarta Transformación, se asumen como replicadores del oficialismo sin chistar. Estos son aquellos que se sientan en las primeras filas de La Mañanera del Pueblo y sin ningún rubor hacen sus preguntas a modo para que las respuestas sean “lucidoras”.
Varios de ellos cuentan con el privilegio de la “pauta publicitaria”, aunque no hay para todos. Como es el caso del autodenominado periodista independiente, Vicente Serrano, quién a mediados de mayo pidió “respetuosamente” a la Presidenta Sheinbaum dinero por su labor de comparsa porque los medios independientes siguen dando la batalla, “frente a los medios tradicionales y viendo (sic) que siguen acaparando la publicidad oficial».
Convertida en la pieza principal del Tribunal del Santo Oficio, Luisa María Alcalde asegura que el Gobierno Federal tiene la obligación de desmentir las mentiras que publican los medios tradicionales, pero no busca confrontarse con los periodistas, como lo hizo López Obrador en el sexenio pasado.
Por tal razón, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), recientemente denunció a los gobiernos, que lejos de proteger la libertad de prensa, han construido discursos de confrontación contra periodistas críticos, estigmatizando su labor y debilitando el derecho ciudadano al acceso a la información.
“La descalificación constante desde el poder político genera ambientes hostiles que ponen en riesgo la integridad de quienes ejercen el periodismo”, advirtió Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, Comisionado Presidente para América Latina y El Caribe de dicho organismo.
Quienes buscan silenciar al periodismo intentan también controlar la narrativa pública y limitar el pensamiento crítico de los pueblos.
Es sabido que el periodismo cumple una función esencial como mecanismo de vigilancia social frente al Poder, gracias al trabajo periodístico, la sociedad ha conocido casos de corrupción, desapariciones forzadas, abusos policiales, redes de trata de personas, violaciones a derechos humanos y vínculos entre estructuras criminales y autoridades públicas.
Durante los últimos diez años, América Latina se ha convertido en una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo. Decenas de comunicadores han sido asesinados, desaparecidos, desplazados o silenciados. Sus voces fueron apagadas no solamente por grupos criminales, sino también por estructuras de poder que han visto en la prensa libre una amenaza para sus intereses, revela la CIDHPDA.
“Derecho de Réplica” no es otra cosa que el ataque frontal contra el comunicador que piensa distinto; es el ataque frontal contra el periodista independiente que es crítico. Y en esa desigualdad de circunstancias, el Gobierno Federal, con todo el poder del Estado, desmentirá, exhibirá, denostará en dicha plataforma a quien piense distinto.
¿Dónde podrá defenderse el periodista cuando se sienta vulnerado a través de la máxima tribuna del país, en red nacional, a través de los medios públicos?
¿Tendrá derecho de ContraRéplica el periodista aludido?
¿El profesional de la comunicación cargará con el desprestigio oficial por atreverse a cuestionar o denunciar un caso de corrupción oficial?
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