El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que no contempla ataques contra Venezuela, pese a la preocupación en Caracas de que el despliegue militar estadounidense en el Caribe busque derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. “No”, respondió Trump a un periodista a bordo del Air Force One cuando se le preguntó por reportes que indicaban que estaba considerando tales ataques.
Washington mantiene ocho buques de la Marina en el Caribe y ha enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico, al tiempo que un grupo de ataque de portaaviones se dirige a la región, según la descripción del propio gobierno. La Casa Blanca sostiene que ese dispositivo tiene como objetivo disuadir el narcotráfico.
Desde comienzos de septiembre, Estados Unidos inició una campaña de ataques contra embarcaciones que, de acuerdo con la administración, estaban dedicadas al tráfico de drogas en el Caribe y en el Pacífico oriental, con saldo de al menos 62 muertos y la destrucción de 14 barcos y un semisumergible, de acuerdo con el recuento que maneja el gobierno. La campaña ha sido documentada por medios estadounidenses, que han reportado múltiples incursiones en ambas cuencas desde ese mes.
El Ejecutivo presenta a esas pequeñas naves como una amenaza a la seguridad nacional por las drogas que supuestamente transportan. Sin embargo, especialistas legales y de uso de la fuerza han cuestionado la legalidad de las operaciones, al considerar que equivalen a ejecuciones extrajudiciales incluso si los ocupantes fueran narcotraficantes. Algunas acciones han incluido semisumergibles; en al menos un caso hubo sobrevivientes que posteriormente fueron repatriados a sus países de origen, de acuerdo con reportes de prensa.
Además del despliegue naval, Estados Unidos ha realizado demostraciones de fuerza con bombarderos estratégicos B-52 y B-1B que sobrevolaron cerca de la costa venezolana, la más reciente el lunes, según la cronología descrita por la administración. El tono de la retórica ha elevado la tensión regional: Venezuela alega que Washington conspira para derrocar a Maduro, quien acusa a Estados Unidos de “fabricar una guerra”.
Trump insistió en su negativa a contemplar ataques, en un contexto en el que su gobierno ha vinculado públicamente la ofensiva marítima con la designación de cárteles como organizaciones terroristas y con una doctrina de “defensa propia” frente al flujo de drogas. La Casa Blanca sostiene que la inteligencia respalda la identificación de los ocupantes como miembros de cárteles; no obstante, no ha difundido pruebas específicas sobre cada operativo ni sobre la cadena de mando involucrada en las decisiones tácticas.
La campaña ha tenido efectos colaterales en la región. Autoridades de países vecinos han señalado víctimas nacionales en ataques puntuales y han demandado claridad sobre las reglas de enfrentamiento, mientras juristas recuerdan que el derecho internacional limita el uso de la fuerza contra civiles que no participan directamente en hostilidades. La discusión legal se cruza con consideraciones operativas: gran parte de la cocaína que llega a Estados Unidos transita por el Pacífico oriental, aunque el foco político de Washington se ha concentrado en la costa caribeña y en las acusaciones contra Maduro.
A la par de la presión militar, Estados Unidos ha multiplicado los mensajes públicos sobre su capacidad para escalar. Trump dijo que los recursos desplegados apuntan a frenar redes criminales transnacionales, mientras fuentes de su gobierno han sugerido que la campaña continuará. Venezuela, por su parte, afirma que cualquier incremento en la coerción externa. La tensión, no obstante, persiste. El dispositivo militar permanece en la región y el gobierno estadunidense defiende la legalidad de las interdicciones letales en alta mar, un enfoque que seguirá bajo escrutinio internacional conforme se conozcan más detalles operativos y judiciales de los casos recientes.
