Un trabajador con más de una década de servicio en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” (INRLGII) presentó una denuncia formal en la que solicita la intervención de las autoridades competentes ante lo que describe como actos de hostigamiento laboral y presuntas irregularidades administrativas que, según señala, podrían estar afectando el funcionamiento interno de la institución.
De acuerdo con el documento dirigido al director general del INR, Carlos Javier Pineda Villaseñor, el trabajador Jorge Laurentino Espinal Moreno, con 13 años de trayectoria dentro del organismo, expone una serie de hechos que, a su juicio, vulneran los principios de transparencia y eficiencia que deben regir el servicio público. En su denuncia, pide que se revisen diversas decisiones administrativas bajo la dirección del actual titular de Administración, Humberto Moheno Díez, a quien atribuye presuntos actos de acoso y prácticas irregulares en el manejo de recursos humanos y materiales.
El denunciante sostiene que las acciones emprendidas en su contra derivarían de haber señalado inconformidades internas, entre ellas la contratación de personal que, afirma, no cumpliría con el perfil académico requerido; presuntos pagos indebidos a personal sin funciones asignadas; retrasos en el pago de nómina; y deficiencias en la aplicación de contratos y asignación de recursos. Según su testimonio, estas situaciones habrían derivado en un ambiente laboral tenso y en decisiones administrativas que, en algunos casos, afectarían incluso la calidad de los servicios ofrecidos a los pacientes.
En el documento presentado, Espinal Moreno solicita que las instancias de control interno revisen el desempeño de la Dirección de Administración, particularmente en lo relativo al cumplimiento de los perfiles de puesto y los procesos de adquisición. Sostiene que el actual titular, Humberto Moheno Díez, es licenciado en Derecho, con título expedido en 1974, y cuestiona si su formación y trayectoria cumplen con los requisitos de experiencia en gestión administrativa establecidos para ocupar el cargo.
Asimismo, el escrito hace referencia a casos específicos que, de comprobarse, podrían implicar irregularidades, como la compra de calzado no original para el personal de enfermería, la concesión de espacios dentro del instituto a particulares para la venta de alimentos y artículos diversos, y la falta de información sobre el destino de los recursos generados por estas actividades.
Los trabajadores que respaldan la denuncia también advierten un deterioro progresivo en las instalaciones del instituto, señalando deficiencias en el mantenimiento de áreas esenciales para la atención médica, como el tanque terapéutico, puertas, lavabos y sanitarios. En este contexto, piden revisar la asignación y ejercicio de los recursos destinados a infraestructura y equipamiento.
Otro punto señalado en el documento es el presunto robo de vales de despensa ocurrido en diciembre de 2024, del que, aseguran, no se presentó denuncia formal ante la Fiscalía General de la República. Los denunciantes sostienen que la investigación interna habría sido conducida fuera del marco de las atribuciones legales, generando inquietud entre el personal afectado.
El texto también menciona casos de posible nepotismo y el uso indebido de recursos institucionales, como el traslado y atención de familiares de funcionarios mediante ambulancias y personal médico del instituto. Además, los firmantes afirman que en 2024 se registraron tres retrasos en el pago de quincenas sin justificación aparente, lo que, en su opinión, requiere una revisión de los procesos financieros internos.
De acuerdo con el escrito, el actual titular de Administración también encabeza el Comité de Ética y la Unidad de Transparencia, lo que, según los denunciantes, dificulta la resolución imparcial de las quejas y reportes presentados por el personal. Por ello, solicitan que las denuncias sean revisadas por instancias externas al propio instituto para garantizar su objetividad.
En su exposición, los trabajadores hacen un llamado a las autoridades de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Salud y la Auditoría Superior de la Federación para que se investiguen las presuntas irregularidades señaladas y se garantice un entorno laboral justo y transparente. De igual forma, piden que se fortalezcan los mecanismos internos de control y rendición de cuentas, a fin de proteger tanto los derechos de los trabajadores como la calidad del servicio a los pacientes.
Al cierre de esta edición, no se ha emitido una postura pública por parte del Instituto Nacional de Rehabilitación ni de los funcionarios mencionados en la denuncia. Sin embargo, el caso ya ha despertado interés dentro del sector salud, pues el INR “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” es considerado uno de los centros más importantes del país en materia de atención y rehabilitación de personas con discapacidad.
Las acusaciones, ahora en proceso de revisión, apuntan a la necesidad de reforzar las prácticas de transparencia, ética y control administrativo en las instituciones públicas, en particular aquellas que brindan servicios de alta especialidad y que deben operar bajo los más altos estándares de integridad y responsabilidad social.
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