La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no sólo representó un costo político en la relación con sus aliados que votaron en contra en el Congreso, también significó un gasto de casi 9 millones de pesos del erario en la aplicación de encuestas para tomar el pulso de la ciudadanía sobre el tema.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo de uno de los hombres más cercanos a Sheinbaum, José Antonio Peña Merino, entregó siete contratos a casas encuestadoras el pasado 28 de noviembre para la elaboración de una Encuesta Nacional en Vivienda para la Reforma Electoral.
Los siete contratos fueron entregados por adjudicación directa, con pagos a las casas encuestadoras que oscilaron entre 85 mil y 1.8 millones de pesos.
Los contratos se firmaron con las empresas Enkoll, Mendoza Blanco & Asociados, Covarrubias y Asociados, Buendía & Laredo y Demotecnia 2.0., así como con las personas físicas Luis Enrique Nieto Barajas y Carlos Erwin Rodríguez Hernández Vela.
Los contratos para la realización de las encuestas se formalizaron cuatro meses después del anuncio de una Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, quien dejó la estratégica Unidad de Inteligencia Financiera en agosto pasado para organizar foros con legisladores.
La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó formalmente el 4 de marzo y en cuestión de días terminó en uno de los principales “descalabros” de su gobierno en la relación con el Congreso de la Unión.
La iniciativa fue votada en contra por integrantes del PT y Partido Verde en el Congreso, aliados de Morena, al rechazar la eliminación de los legisladores plurinominales, que en los hechos representaba la disminución de espacios de los partidos más pequeños y fortalecer la presencia legislativa de Morena, el partido en el gobierno.
Debido a que incluía cambios a la Constitución, Morena necesitaba de los votos de ambos partidos aliados para sacar adelante la reforma electoral.
Después de ese primer fracaso legislativo, el gobierno de Sheinbaum presentó enseguida el denominado “Plan B”, un segundo paquete de reformas constitucionales que abordaron otros temas no incluidos en el primero. Esta iniciativa también sufrió modificaciones.
De la propuesta original de la presidenta, se eliminó que en las elecciones intermedias de 2027 apareciera su nombre en las boletas para una consulta sobre la revocación de mandato, ya que los partidos de oposición consideraron que Sheinbaum haría campaña en favor de Morena.
La información de los contratos para la aplicación de la Encuesta Nacional en Vivienda para la Reforma Electoral, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, no incluye detalles del universo de encuestados, del periodo de aplicación, ni del contenido de la consulta.
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